Luego de realizar un análisis científico, los magistrados Flavio Galván Rivera, Manuel González Oropeza y Pedro Esteban Penagos López afirmaron que la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante la calificación de la pasada elección presidencial fue totalmente apegada a la ley.

González Oropeza aseveró incluso que las encuestas (uno de los elementos que incluyó la coalición de partidos de izquierda en el juicio de inconformidad contra los comicios presidenciales), tuvieron un efecto en favor del perdedor.

En tanto, su homólogo Salvador Nava señaló que no va a prosperar la demanda promovida por el diputado Ricardo Monreal ante la Organización de Naciones Unidas, acerca de una actuación incorrecta del TEPJF. No hay elementos para sancionar a un Estado parte por no garantizar elecciones equitativas, dijo durante un acto organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal. También opinó que no procede la conservación de las boletas de 2006.

Se trata –dijo– de más de 40 millones de papeletas, algunas de las cuales ya están deterioradas, por lo que sería imposible un grado exacto de certeza respecto a lo que pretenden demostrar quienes buscan su conservación.

En tanto, durante el Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral del TEPJF, el magistrado Galván dijo que el tribunal se ha dado a la tarea de analizar científicamente y de manera crítica la calificación de la elección presidencial del pasado 1º de julio, lo que demuestra una vez más que el trabajo de la autoridad comicial es transparente y está sujeto al escrutinio público.

Al moderar la mesa La supuesta adquisición de propaganda encubierta, el magistrado dijo que, debido a la naturaleza del sistema electoral mexicano y su normatividad, la sala superior del TEPJF se vio obligada a alejarse del trabajo puramente jurisdiccional para asumir incluso labores administrativas. Señaló que la tarea de calificar los comicios en los que se eligió al próximo presidente de México constituyó una labor de alta complejidad.

La presunta adquisición de propaganda encubierta –comentó– es un tema en el que confluyen diversos aspectos, como jurídico, administrativo y penal, y que, pese a esa diversidad, la coalición que en su momento impugnó la elección pretendía que todo fuera atraído y resuelto por la autoridad judicial, pero sin aportar las argumentaciones suficientes para ello, advirtió.