Juzgados federales con sede en Guadalajara, Jalisco, y Ciudad Juárez, Chihuahua, determinaron que la Procuraduría General de la República (PGR) aportó pruebas suficientes para acreditar que 14 elementos de la Policía Federal (PF) trataron de asesinar a un efectivo de la Secretaría de Marina y dos miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos el pasado 24 de agosto.

Por lo anterior, serán juzgados como presuntos responsables de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, lesiones, abuso de autoridad y daño en propiedad ajena.

Además, el inspector general y jefe de la base Tlalpan de la PF, Juan Manuel Pacheco Salgado, fue considerado responsable del delito de encubrimiento.

Delito grave

El abogado Marco Aurelio González Robles, defensor de tres de los 14 agentes inculpados, confirmó a La Jornada que los juzgados séptimo de distrito en materia penal con sede en Guadalajara y cuarto de distrito en materia penal con residencia en Ciudad Juárez decretaron auto de formal prisión para los 15 integrantes de la PF –incluido Pacheco Salgado– que fueron consignados por haber participado en la agresión contra los agentes estadunidenses y el marino mexicano cuando éstos se dirigían a una base de entrenamiento de tiro localizada en Xalatlaco, estado de México.

Los 14 agentes acusados de homicidio calificado en grado de tentativa no tendrán derecho a libertad bajo fianza, debido a que ese delito es considerado grave.

Deberán enfrentar su juicio internados en los penales de máxima seguridad Puente Grande (también llamado Centro Federal de Readaptación Social número 2, Occidente) y el Cefereso de Ciudad Juárez.

Al cierre de esta edición, el comandante Pacheco Salgado estaba a punto de obtener su libertad tras pagar una fianza de 35 mil 634 pesos, ya que el delito de encubrimiento no está tipificado como grave. Aún así, seguirá sujeto a juicio y deberá acudir cada semana a firmar el libro de procesados.

El abogado González Robles declaró a La Jornada que en los próximos días presentará un recurso de apelación en contra del auto de formal prisión, y consideró que la determinación judicial fue así porque es una decisión política, ya que la presión del gobierno de Estados Unidos es muy fuerte.

La investigación realizada por la PGR confirmó lo publicado en exclusiva por La Jornada: que los agentes de la PF vestían de civil en el momento de la agresión y utilizaban vehículos particulares, los cuales fueron ocultados.

También, que el Ministerio Público Federal había obtenido grabaciones, entre ellas una que se realizó desde una cámara instalada en el casco de un marino que arribó momentos después del tiroteo, donde se distinguen los rostros de los agresores.

Se corroboró que el ataque no estaba relacionado con la supuesta investigación del secuestro de Salvador Vidal Flores, director de protocolo y relaciones públicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como había informado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

De igual manera, se comprobó que el Ministerio Público abrió una línea de investigación por la presunta vinculación de agentes de la PF con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, y que el atentado podría tratarse de una venganza porque en diciembre de 2009, con información de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), efectivos de la Armada habían realizado un operativo para capturar al líder del grupo criminal, Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, y lo abatieron.

Quedó descartado que los estadunidenses o el marino mexicano hubieran abierto fuego contra los agentes federales, y se comprobó que estos últimos abrieron fuego de manera directa y dispararon 152 tiros contra la camioneta blindada, marca Land Cruiser, con la intención de asesinar a los agentes Jess Hood Garner y Stan Dove Boss, así como al efectivo de la Armada, quienes estaban dentro de la unidad con placas diplomáticas.

Además, que durante el tiroteo, el personal de la SSP federal violó los protocolos de actuación establecidos por la corporación y los derechos humanos de las víctimas.

En el expediente consignado al juzgado cuarto de distrito en materia penal con sede en Cuernavaca, Morelos, la PGR refiere que los agentes federales actuaron sin órdenes escritas de por medio, y que por indicaciones del comandante Pacheco Salgado declararon que realizaban operativos contra el robo en carreteras o contra una banda de secuestradores que operaba en el municipio de Huitzilac.

La información proporcionada por las fuentes judiciales refiere que en el expediente procesal se menciona que Pacheco Salgado también permitió que los 14 policías federales se retiraran del lugar del ataque, ocultaran los vehículos en que se transportaban y que se presentaran horas más tarde el día de los hechos ante la PGR ya uniformados y a bordo de sus patrullas, como estrategia para ocultar su participación en el atentado.

La agresión se cometió en el kilómetro 50 de la carretera México-Cuernavaca, al filo de las ocho de la mañana del pasado 24 de agosto, y fue calificada de emboscada ese mismo día por la embajada de Estados Unidos.