ue un doble asesinato. El dirigente campesino Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Martha Solís Conteras circulaban en su camioneta en la carretera Ciudad Cuauhtémoc-Colonia Obregón, en Chihuahua, el pasado 26 de octubre, cuando les dispararon.

Ismael Solorio era líder de El Barzón. Encabezaba la lucha contra la instalación de la Minera Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver, en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura. Llevaba meses denunciando los aprovechamientos y las perforaciones ilegales de pozos en la cuenca del río del Carmen, realizadas por un pequeño grupo de acaudalados.

Ismael enfrentaba la animadversión de empresarios y de algunos ejidatarios que vendieron derechos a Minera Cascabel. En el ejido, la mayoría de los pobladores se oponen a las operaciones de exploración que la empresa lleva a cabo en sus tierras. La compañía busca determinar el potencial de reservas que tiene esa zona de depósitos de molibdeno, material que se usa en aleaciones para la fabricación de armas en Estados Unidos.

Su muerte había sido anticipada. Durante los últimos meses, se fabricó en el estado un clima de linchamiento contra los barzonistas. La prensa local difundió todo tipo de infundios. Ismael lo advirtió: Si no se arregla el asunto de la mina en nuestro ejido, Benito Juárez, habrá muertos. De uno de los dos lados, pero los habrá. Casi dos semanas antes del doble homicidio, el 13 de octubre, golpeadores y asalariados de la empresa lo golpearon a él y a su hijo. En esas andaba cuando ejecutaron a la pareja.

Neovillista de corazón, Ismael estudió en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar y fundó El Barzón en la entidad. Era bueno para el tractor y para el caballo. Recuerda Víctor Quintana: Tres o cuatro veces hizo el camino de la División del Norte, recorriendo tres cuartas partes de la República para demandar el rescate del campo, o la renegociación del TLCAN, o manifestar que en el agro hay también indignados o para denunciar el hambre que sufren con la sequía los hermanos rarámuris.

La situación en el estado es grave. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano medidas cautelares para proteger la vida de siete compañeros de Ismael que han recibido amenazas de muerte por su lucha contra la contaminación minera en Chihuahua y la sobrexplotación de mantos acuíferos.

La tragedia que vivieron Ismael y su cónyuge no es excepcional. La lista de ecologistas pobres asesinados o perseguidos por la justicia por defender los recursos naturales y el ambiente crece cada día. Ese es el caso de los comuneros de Cherán y Ostula ejecutados por pistoleros.

Es también la situación de Berlín Vázquez Ruiz y Guadalpe Andrés Vázquez, pobladores de San José del Progreso, Oaxaca, que se oponen a las operaciones de la minera Cuzcatlán. El 16 de junio fueron gravemente heridos de bala por paramilitares al servicio de la empresa y las autoridades municipales. Apenas el 15 de marzo, en una emboscada en el crucero de Santa Lucía, Ocotlán, fue asesinado el dirigente de esa lucha, Bernardo Vásquez Sánchez, y heridas dos personas más.

La grave violación a los derechos humanos de los luchadores ambientales camina de la mano de la resistencia popular a los proyectos de muerte que, en nombre del progreso, están destrozando el país. Para tratar de frenar el descontento social generado por la destrucción ambiental, el despojo de tierras y recursos naturales, la ruptura del tejido comunitario y el daño a la salud pública, empresarios, políticos, desarrolladores urbanos y talabosques usan la violencia contra quienes se les oponen.

Las luces de alarma comienzan a prenderse en todo México. La Asociación de Cronistas, Historiadores y Narradores de la Sierra Norte promueve una carta exigiendo que se cancelen las minas e hidroeléctricas en territorio poblano.

“Son alarmantes –dice la misiva– las concesiones de un vasto territorio de la Sierra Nororiental de Puebla que el gobierno de la República ha otorgado a empresas mineras nacionales y extranjeras (...) en su mayoría de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido (...) ¿Qué pasará con la sierra, con 22 proyectos mineros y seis proyectos de hidroeléctricas? Y ¿qué pasará con la gente que vivimos aquí? ¿Qué pasará con nuestro patrimonio cultural y natural?”

En Huexca, Morelos, los pobladores rechazan la instalación de dos plantas termoeléctricas y un gasoducto de 160 kilómetros, construido en plena zona sísmica. El contrato para la construcción y explotación del gasoducto, de 216 millones de euros, está en manos de las trasnacionales españolas Enagás y Elecnor.

También en Morelos, el pueblo de Tepoztlán rechaza la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, porque, según los comuneros, dividirá comunidades, destruirá especies vegetales y animales protegidas de la región, y violará la protección ecológica otorgada al Parque Nacional del Tepozteco.

Para enfrentar de manera unificada el reto de la devastación ambiental y la violación a los derechos humanos que la acompaña, centenares de representantes ambientales de todo el país que viven situaciones como las aquí narradas realizaron este fin de semana en Cherán la octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), y la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).

Fiel a la máxima de Baudelaire, de que la astucia mayor del diablo es hacernos creer que no existe porque así trabaja mejor, esta devastación, presente en todo el territorio nacional, es oficialmente inexistente; cuando más, el gobierno reconoce conflictos aislados y casos esporádicos de violencia. Para él no existe un patrón sistemático de destrucción ambiental ni de violación a los derechos humanos de quienes se oponen a ella.

El primer gran reto de la ANAA y del TPP será mostrar al país que el demonio está en los informes y discursos gubernamentales que pretenden ocultar la existencia de un gravísimo problema nacional y su responsabilidad en el asunto.