La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que 14 elementos de la Policía Federal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, intentaron privar de la vida a dos funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México y a un elemento de la Secretaría de Marina (Semar) que viajaban en una camioneta el pasado 24 de agosto, a la altura del kilómetro 50 de la carretera México-Cuernavaca, y que para ello dispararon 152 ocasiones contra el vehículo y con sus ocupantes desarmados.

En la institución ministerial surgieron versiones que refieren que tres de los 14 agentes acusados de homicidio calificado en grado de tentativa y daño en propiedad ajena, también fueron señalados de tener vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán, Leyva, y tres altos funcionarios que fueron consultados indicaron que la PGR esperará que los jueces dicten auto de formal prisión y el inicio del proceso penal, lo que significaría que existen las pruebas suficientes de la responsabilidad imputada.

La PGR dio a conocer que el blindaje del vehículo (con placas diplomáticas) impidió que sus ocupantes perdieran la vida, ya que recibió 152 impactos de arma de fuego, como lo informó La Jornada el pasado 15 de septiembre.

Los peritajes realizados por la PGR concluyeron que la unidad ya estaba totalmente detenida y a merced de los policías federales –que vestían de civil–, cuando realizaron la mayoría de los disparos en contra del marino mexicano y de Jess Hoods Garner, de 49 años, y Stan Dove Boss, de 50 años, dos miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), a los cuales el Ministerio Público Federal les atribuyó calidad de funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México.

Hoods Garner y Dove Boss colaboraban con la Semar como instructores y se dirigían a un campo de entrenamiento que se ubica en el municipio de Xalatlaco, en el estado de México, cuando fueron agredidos por los policías federales.

En ese contexto, la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, determinó en sus investigaciones que las armas utilizadas en el ataque corresponden en su totalidad a las de los policías consignados, quienes durante los hechos se transportaban en vehículos particulares de su propiedad e iban vestidos de civil; sin embargo, al ser presentados ante el agente del Ministerio Público de la Federación lo hicieron uniformados y a bordo de las patrullas que tenían bajo su resguardo, alentando así el ocultamiento de los vehículos que tenían y simulando una circunstancia que resultó ser falsa.

Entre los consignados se encuentra un empleado administrativo adscrito a la estación Tlalpan de la Policía Federal, quien sin contar con permiso de portación de arma de fuego aceptó haber acudido al lugar de los hechos portando el arma larga de uno de sus compañeros. A esta persona se le señaló como probable responsable del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Asimismo, a otro de los acusados se le imputó la probable responsabilidad de la comisión del delito de falsedad en declaración ante autoridad distinta de la judicial. En un principio, esta persona no fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Federación, pero al ser presentada a declarar, bajo protesta de decir verdad, negó en diversas ocasiones su participación en los hechos, misma que fue demostrada durante las actuaciones ministeriales.

A cinco de los 14 también se les imputó probable responsabilidad en la comisión del delito de encubrimiento, al haber permitido que los probables responsables se retiraran del lugar de los hechos, entre ellos uno de los jefes de la estación Tlalpan.

La PGR mantiene hermetismo en cuanto a los jueces federales a los que correspondió conocer del caso. Sin embargo, se pudo establecer con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que los detenidos fueron ingresados a los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) que cuentan con secciones de máxima seguridad, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Puente Grande, Jalisco, y a este último habrían sido enviados los tres policías federales que supuestamente tienen vínculos con la organización de los hermanos Beltrán Leyva.

Luego de la consignación de los policías federales, el abogado Enrique Rusty Mondragón Huerta, quien defiende a dos de ellos, declaró que la PGR violó los derechos de sus clientes y familiares al no informar a dónde fueron trasladados, que se le ha dado acceso limitado al expediente y que no se autorizó el careo de sus defendidos con los agentes de la CIA.