El presidente Felipe Calderón firmó ayer el decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se trata –dijo el mandatario– de impedir que funcionarios excepcionales en todas las estructuras de gobierno incurran en actos de corrupción y con ello manchen toda la gestión pública y la percepción que de la política de gobierno puedan tener los ciudadanos.

En el acto, realizado en las escalinatas de la residencia Miguel Alemán de Los Pinos, adonde asistieron legisladores de los diferentes partidos políticos, Calderón reconoció y felicitó a los integrantes del Congreso de la Unión por la responsabilidad que mostraron al discutir con amplitud el tema y resolverlo en el plazo previsto para lo que fue una iniciativa preferente. Eso –señaló– evita que las decisiones se pospongan indefinidamente en demérito de los ciudadanos.

Es bien conocido –dijo– que en la opinión de los mexicanos la corrupción sigue siendo uno de los mayores problemas de la vida del país y, particularmente, en los gobiernos. Por eso es necesario reforzar el marco legal y reducir los niveles de discrecionalidad y falta de claridad en el manejo de los recursos públicos, que aún son persistentes.

Luego de comentar las medidas para fortalecer la rendición de cuentas ante la ciudadanía, resaltó que tampoco se puede permitir que los servidores públicos se enriquezcan en los cargos que ocupan ni que, aprovechándose de los vacíos legales, oculten información o actúen a espaldas de la sociedad y contra los intereses de los ciudadanos.

Por eso, era imprescindible reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, apuntó. Asimismo, comentó algunos aspectos del nuevo ordenamiento. Entre otros, que la reforma permitirá transparentar el gasto público, pues toda la información financiera en los tres órdenes de gobierno deberá presentarse en forma clara, sencilla y accesible.

El presidente Felipe Calderón y el diputado priísta Jesús Murillo Karam durante la firma de la ley de contabilidad gubernamentalFoto Francisco Olvera

Con la entrada en vigor de los cambios legales, las autoridades deberán incluir en sus leyes de ingresos y presupuestos de gasto todas sus obligaciones de deuda pública, programas y proyectos, sus fuentes de ingreso y los gastos de inversión que tengan programados.

Antes de someter al Poder Legislativo o al ayuntamiento los proyectos de presupuesto de egresos, los gobiernos deberán difundir en Internet la información sobre la evaluación del desempeño de los programas y políticas públicas. Con esto se busca que haya referencia al momento de asignar los recursos y diseñar o modificar las políticas públicas.

Calderón aseguró que de esta manera se limita la discrecionalidad y se da más racionalidad al manejo del dinero.

Otro aspecto relevante son los mecanismos para hacer más transparente el ejercicio de los recursos transferidos a las entidades federativas, por medio de los fondos de aportaciones asociados a programas de educación, salud, seguridad pública, desarrollo social e infraestructura.

Con las reformas a la ley también se incrementan las sanciones administrativas a quienes incumplan lo dispuesto en el ordenamiento. Así, la alteración dolosa de registros contables y la omisión de información se considerarán conductas graves que implicarán la destitución e inhabilitación del cargo. Se trata –señaló Calderón– de poner fin a cotos de impunidad de malos funcionarios que tanto indignan a la sociedad.