oraz, la siempre productiva cuan resultona burocracia dorada cada día consume más recursos, los cuales bien podrían destinarse a cosas más productivas para el país, pues los crecientes dineros que ella consume alcanzan –esas sí– cifras históricas (frase predilecta del inquilino de Los Pinos en su campaña de autoelogios por sus logros de discurso) que llegan a representar 33 centavos de cada peso presupuestal, sin que los pagadores (los mexicanos) a cambio reciban servicios y resultados cuando menos equivalentes a ese río de plata.

Como ejemplo de lo anterior, entre enero y septiembre del presente año de las arcas nacionales salieron 185 mil 625 millones de pesos para cubrir sólo las prestaciones de la burocracia federal (aparte las estatales, las municipales, las cámaras de diputados y de senadores, los congresos estatales, empresas públicas y otras entidades que se sirven del erario), lo que se traduce en un gasto diario superior a 687.5 millones de pesos, sin considerar salarios y todos ellos provenientes de los bolsillos de los mexicanos, para cubrir tal renglón. Y falta el cierre de año, el último trimestre de 2012, con bonos y toda la cosa.

Ese monto descomunal resulta 42 por ciento superior al presupuesto anual conjunto aprobado para 2012 de las cuatro dependencias públicas oficialmente involucradas en la guerra contra el crimen organizado, las cuales a lo largo del año erogarían no menos de 131 mil millones de pesos, contra 185 mil 625 millones en prestaciones para la burocracia dorada. Tales dependencias son las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, más la Procuraduría General de la República.

Para la Secretaría de la Defensa Nacional, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto anual cercano a 55 mil 611 millones de pesos, que esa dependencia ejercerá a lo largo de los 12 meses de 2012. Pues bien, sólo en 90 días (segundo trimestre del presente año) las prestaciones pagadas a la multicitada burocracia sumaron 55 mil 455 millones, monto prácticamente igual al autorizado a la Sedena para todo el año, es decir que en 90 días los servidores públicos, sólo por prestaciones, se embolsaron más dinero del que la citada dependencia oficialmente gastará en 365 días.

En el primer trimestre de 2012 el pago por las referidas prestaciones sumó 66 mil 773.4 millones de pesos; en el segundo trimestre, 55 mil 455 millones, y en el tercero (el dato más reciente) 63 mil 396.8 millones, para un total en los nueve meses (enero-septiembre) de 185 mil 625 millones de pesos, monto 54 mil millones superior a lo que gastará en todo 2012 el aparato de seguridad en la guerra contra el crimen organizado (Defensa Nacional, 55 mil 611 millones de pesos; Marina, 19 mil 676.7 millones; Seguridad Pública, 40 mil 536.5 millones, y PGR, 15 mil 385 millones).

El comparativo puede ampliarse. Por ejemplo, para 2012 a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se destinará un presupuesto de 61 mil 612 millones de pesos, un monto tres veces inferior al destinado en nueve meses al pago de prestaciones de la burocracia dorada; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes obtuvo más de 70 mil millones para todo el año, cantidad 2.6 tantos por abajo con respecto al pago de prestaciones. Lo mismo con la Secretaría de Salud y la de Desarrollo Social, con presupuestos anuales inferiores en 42 y 53 por ciento, respectivamente, al monto destinado en nueve meses al pago de dichas prestaciones.

Ayer se vio al emocionado secretario calderonista de Energía, Jordy Herrera, promoviendo la privatización de Petróleos Mexicanos y exigiendo a los diputados definir ya y con mayor precisión el mandato y el tipo de empresa que queremos darle a la paraestatal, porque entre sus lastres, dijo, Pemex tiene muchos jefes, muchos mandatos, comités, burocracia y cada vez menos autonomía y cada vez son más insuficientes los recursos de que dispone, esto le resta capacidad de adaptación en un sector energético en cambio (La Jornada, Enrique Méndez y Roberto Garduño).

Pues bien, para ilustrar de qué se trata, sólo en el tercer trimestre de 2012 la burocracia dorada del sector energía consumió 15 mil 189 millones de pesos para el pago de prestaciones (sueldos y salarios aparte), de los que poco más de una tercera parte correspondió a Petróleos Mexicanos (5 mil 831 millones). Para el mismo fin fue mayor el monto canalizado a la Comisión Federal de Electricidad (8 mil 831 millones, o si se prefiere más del 58 por ciento del total). Sin embargo, en lugar de sacar el trapo y utilizar la escoba, Jordy Herrera propone la privatización, porque Pemex tiene la obligación de maximizar su valor como empresa, reducir costos y subsidios.

En resumidas cuentas, en el sexenio calderonista la nómina burocrática del sector público federal le habrá costado a los mexicanos alrededor de 6 billones de pesos (4.7 billones por sueldos y salarios, más 1.25 billones por prestaciones). Ello sin considerar la ausencia de resultados.

Las rebanadas del pastel

De la lectoría y el ahorro para el retiro: en junio pasado, BBVA decidió deshacerse de su negocio de Afore a nivel mundial. Uno de los principales interesados en él es el Grupo Banorte, algo lógico al tener dicho grupo su propia Afore y buscar incrementar su participación de manera importante en este mercado. Lo anterior no es ninguna sorpresa, excepto porque en la Afore de Banorte-IXE, el IMSS tiene una participación de 50 por ciento, y en caso de llevar a cabo esta compra, el instituto debería poner su parte, algo así como 900 millones de dólares. En este contexto, al presentar su informe de labores, Daniel Karam, director general del IMSS, admitió públicamente la precaria situación financiera del instituto. En este sentido, el cuestionamiento es muy claro: ¿debe el IMSS usar sus muy escasos recursos en comprar una Afore? Por muy buen negocio que pudiera ser, parece que no. El Estado decidió privatizar el sistema de pensiones y que los inversionistas privados expongan su capital, el instituto tiene muchas deficiencias financieras y parecería más bien que lo deseable es que venda su participación y subsane parte de sus maltrechas reservas. Los derechohabientes, que son los dueños de las reservas y de alguna manera las víctimas de sus faltantes, seguirán siendo los más afectados. Paralelamente, la imagen internacional de un Estado que privatiza y luego busca recomprar parece que no tiene sentido. Si lo que se pretende es restatizar las pensiones, porque son un buen negocio, entonces deberían recomprar todas las Afore. ¿O no?… Un enorme beso y abrazo de su tamaño a mi amado Adrián, por sus 24 añotes. ¡Salud!

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