Sólo 60 por ciento de los mexicanos considera que los niños deben tener los derechos que la ley les otorgue; tres de cada 10 opinan que los menores sean sujetos a los derechos que sus padres les quieran dar, y poco más de tres por ciento afirma que no deben gozar de éstos porque son menores de edad.

Con esos datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mónica González Contró, resumió la alarmante y preocupante realidad que enfrentan niños y adolescentes para ver concretadas sus garantías fundamentales y reconocido el derecho a su ejercicio.

Durante el foro Hacia una ley general para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la especialista en derechos de la infancia subrayó que en México existen varios pendientes en la materia. Uno es el diseño de una institución que atienda las garantías de ese sector como un tema de derechos humanos y no desde la perspectiva de asistencia social, como hasta ahora. No puede ser el DIF (Desarrollo Integral de la Familia) el que supervise y garantice los derechos humanos de esa población. Esa institución debe seguir funcionando, pero se necesita una que propicie el cumplimiento de las garantías de niños, niñas y adolescentes.

Refirió que la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), tratado internacional ratificado por México, tiene cuatro principios: El interés superior de los menores, por lo que toda política pública de los estados firmantes deberán velar por éste; la no discriminación por cualquier opinión o por cuestiones alusivas a los padres; el derecho intrínseco a la vida, por lo que los estados deben garantizar el desarrollo físico, mental, espiritual, sicológico y social del niño; y el derecho a ser escuchado.

En las mesas de discusión, los especialistas aseguraron que no basta elevar a rango constitucional los tratados internacionales, sino que se requieren de presupuestos y políticas públicas que vayan más allá de la planeación.

Jorge Carmona Tinoco, defensor de los derechos universitarios en la UNAM y experto en derecho internacional de derechos humanos, indicó que los preceptos establecidos en la CDN deben ser lo mínimo que los estados deben garantizar.

El foro fue organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la la UNAM, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Save the Children, Alianza MX por los derechos de niñas, niños y adolescentes y la Red por los Derechos de la Infancia en México.