El Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no ha resuelto la extinción de dominio de bienes que suman casi 100 millones de pesos, que serán entregados como reparación de daño a víctimas de secuestro, trata de personas y robo de vehículos, señalaron funcionarios del gobierno federal.

Las fuentes consultadas revelaron que por primera vez en la historia del Poder Judicial de la Federación, un juez especializado en extinción de dominio ya resolvió que una casa propiedad de un integrante de una banda de secuestradores se ponga a la venta y los recursos obtenidos fueran entregados a una víctima de plagio, cuya familia tuvo que solicitar un préstamo bancario para cubrir el rescate exigido por los secuestradores, pero el SAE no ha resuelto el caso.

Como ese litigio, se encuentran en trámite más de 50 casos promovidos por el Ministerio Público Federal, que no han podido ser resueltos.

A este respecto, el titular del juzgado tercero de distrito, auxiliar de la primera región, especializado en extinción de dominio, Javier Flores Padilla, resolvió uno de los juicios promovidos en esta materia por la Procuraduría General de la República (PGR), relacionado con el caso de una joven que fue secuestrada en Chilapa, Guerrero, en el primer trimestre de 2010.

En este asunto, la banda de secuestradores exigió que le fuera entregado un millón de pesos de rescate, dinero que la familia de la víctima tuvo que reunir solicitando un préstamo bancario. La joven fue rescatada por la Policía Federal Ministerial, los delincuentes fueron detenidos y sometidos a proceso penal, en tanto que el Ministerio Público Federal solicitó la extinción de la propiedad de uno de los inmuebles para reparar el daño.

El impartidor de justicia determinó el pasado 8 de marzo que la casa propiedad de uno de los plagiarios fuera puesta a la venta y los recursos se entregaran a la víctima para que pudiera recuperar el monto del rescate, y ordenó al SAE que iniciara el trámite administrativo necesario para que el inmueble fuera vendido en subasta pública y los recursos que se obtuvieran ingresaran al fideicomiso para el pago de reparación de daño a víctimas del delito.

“En mayo, el SAE puso a la venta el inmueble –valuado comercialmente en un millón 277 mil pesos–, pero como precio base para la subasta estableció un piso de un millón 179 mil pesos, diferencia que dificulta su venta en el mercado inmobiliario y coloca en situación poco atractiva una subasta para tal efecto”, indicaron las fuentes consultadas.