El Senado aprobó ayer la primera iniciativa preferente en la historia del Congreso de la Unión. Se trata de modificaciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que pasó al Ejecutivo federal para su promulgación.

La minuta se aprobó con seis votos en favor y cinco en contra, de la bancada del Partido del Trabajo (PT), dos meses y cinco días después de que el presidente Felipe Calderón envió la iniciativa, luego de las reformas que facultan al Ejecutivo para presentar dos proyectos legislativos al inicio de cada periodo ordinario de sesiones.

Ante el pleno, el coordinador del PT, Manuel Bartlett Díaz, advirtió que esa ley, y la reforma laboral que se discute en estos momentos en la Cámara de Diputados, son inconstitucionales, toda vez que se procesaron sin que existiera la legislación secundaria prevista en el artículo 71 de la Carta Magna para las iniciativas preferentes.

Lluvia de amparos

El legislador petista recalcó que ambas reformas podrán dar origen a una lluvia de amparos de los afectados.

El presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero Arroyo, resaltó la importancia y responsabilidad que por primera vez ejerce el Congreso al aprobar esa iniciativa preferente, encaminada a transparentar la información sobre el uso de recursos públicos en los tres niveles de gobierno

En nombre de las comisiones dictaminadoras, el senador priísta José Francisco Yunes Zorrilla resaltó que esa reforma permitirá a los órganos fiscalizadores conocer datos fidedignos para sancionar prácticas de corrupción y desvío de recursos en el gobierno federal, así como los estados y municipios.

El perredista Mario Delgado reconoció que la ley no va a detener el abuso en el endeudamiento de las entidades, ni va a frenar la corrupción, pero consideró un avance el hecho de que permita conocer los padrones de los maestros para saber quiénes tienen antigüedad, quiénes están en comisiones, entre otros avances. Sin embargo, insistió, hace falta mucho más para combatir la corrupción, entre ello consolidar el sistema nacional de fiscalización y fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para iniciar procedimientos por delitos contra las finanzas públicas.

En nombre del Partido Revolucionario Institucional, la senadora Blanca Alcalá insistió en que su partido está comprometido con la transparencia, y ante las críticas al ordenamiento, sostuvo que se aprobó no la legislación deseable, sino la posible.

Las modificaciones que los diputados formularon a la minuta –y que ayer el Senado aprobó– se concentran en especificar claramente las facultades del Consejo Nacional de Armonización Contable y la diferenciación de la aplicación de la ley en municipios con población menor a 25 mil habitantes.