Los partidos que integran el Movimiento Progresista interpondrán en los días próximos un recurso de inconformidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el pasado proceso electoral presidencial, en el cual cuestionarán la manipulación de las encuestas, la presunta compra y coacción del voto, la intervención parcial de las televisoras y la negativa, aseguran, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a desahogar las pruebas que presentaron durante el periodo de calificación de los comicios.

De manera paralela, manifestó el representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Camerino Márquez, el ex coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador y hoy diputado Ricardo Monreal promoverá un recurso exclusivo sobre la presunta triangulación financiera ilegal mediante el banco Monex. Incluirá no sólo la presunta trama de financiamiento ilegal a la campaña del ahora presidente electo Enrique Pena Nieto, sino también la alteración de documentos oficiales de transacciones financieras del gobierno del estado de México en que habría incurrido el Banco de México (BdeM).

En principio, el Movimiento Progresista sólo espera la resolución del TEPJF sobre los últimos recursos promovidos por el PRD y Movimiento Ciudadano contra el acuerdo del Consejo General del IFE, que instruye a las 32 juntas locales y 300 distritales a destruir los materiales electorales de los comicios presidenciales de 2006 y 2012. Aunque formalmente la destrucción comenzará el próximo 12 de noviembre, tras varias semanas de preparativos administrativos y logísticos, el TEPJF aún no resuelve los recursos promovidos.

Una vez que se solucione, aseguró Márquez, se presentará el documento ante la CIDH, pues abarcaría todo el proceso legal, incluso lo relacionado con la destrucción del material electoral. Confió en que esta semana el TEPJF resolverá los recursos, antes de que el IFE proceda a eliminar (el primero de los agravios esgrimidos por el partido del sol azteca es precisamente que se aprobara empezar los trámites sin esperar que el TEPJF resolviera sobre el particular).

Por otro lado, Camerino Márquez mencionó que pidió formalmente a la secretaría ejecutiva del IFE que informe sobre la notificación oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) referente a la solicitud de medidas cautelares que decretó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que el IFE suspenda la destrucción de las boletas electorales de la elección presidencial de 2006, al dar entrada a un recurso promovido por la revista Proceso para acceder a esa información.

Por la noche, el PRD informó que recibió copia del oficio de la cancillería confirmando la petición de Naciones Unidas.

Sin embargo, hasta el momento el IFE no ha confirmado que recibió la notificación de la cancillería mexicana relacionada con dicho recurso. Entrevistado al respecto, el consejero electoral Sergio García Ramírez sostuvo que, a reserva de confirmar los términos en que vendría la comunicación de la SRE, el IFE debería acatar la suspensión del proceso de destrucción de las boletas de 2006. Subrayó que formalmente el Estado mexicano no está obligado a acatar las disposiciones mencionadas, pues los pactos que en materia de derechos ha asumido México sólo lo obligan a admitir las emanadas por un tribunal internacional y no por instancias como el alto comisionado.

Sin embargo, consideró que, al igual que ocurrió con la resolución de medidas cautelares que en su momento dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el IFE debe actuar en consecuencia y admitir la suspensión solicitada por la CIDH.