La Procuraduría General de la República (PGR) emitió una orden de presentación ministerial en contra del magistrado federal Jesús Guadalupe Luna Altamirano, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y eventual lavado de dinero, revelaron fuentes gubernamentales.

Hasta el momento se desconoce el paradero del juzgador, quien es indagado tanto por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), debido a que su evolución patrimonial de los recientes cuatro años no concuerda con los ingresos que obtiene en el Poder Judicial Federal (PJF), y porque un testigo protegido declaró haberlo sobornado con varios millones de pesos, revelaron fuentes ministeriales cercanas a las pesquisas.

Fuentes del CJF revelaron a este diario que en breve se discutirá ante el pleno de siete consejeros de la Judicatura el caso de Luna Altamirano, para determinar si se le destituye de manera definitiva, como ocurrió de manera reciente con el ex juez del llamado michoacanazo, Efraín Cázares López.

Los fiscales que investigan al magistrado Luna tienen acreditados al menos 50 viajes que el juzgador realizó a Colombia entre noviembre de 2007 y agosto de 2008.

Desde junio pasado el Consejo de la Judicatura, órgano disciplinario y administrativo de los jueces, dio a conocer que Luna Altamirano había sido suspendido de su cargo por tiempo indeterminado, debido a una investigación que el CJF realiza sobre su persona, aunque hasta ahora el organismo no ha informado los motivos que dieron pie a esa indagatoria administrativa.

La PGR, de manera paralela a la investigación del CJF, dio inicio desde principios de este año a una averiguación previa contra el magistrado Luna, quien cobró notoriedad pública en 2003, cuando autorizó la extradición del ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo.

Otros informantes de la PGR dijeron que Luna Altamirano también es investigado por la libertad que dictó a un presunto lavador de dinero del cártel del Norte del Valle, de Colombia. Según estas fuentes consultadas, la procuraduría solicitó a un juzgado de distrito de procesos penales federales –con sede en el Reclusorio Sur– las copias certificadas de los dos procesos por lavado de activos que se llevaron contra Arturo Culebro Arredondo, El Tito.

En su edición del pasado 4 de junio, La Jornada dio a conocer que el CJF tiene en la mira a por lo menos 14 jueces y magistrados federales, debido a que enfrentan acusaciones que van desde presuntos actos de corrupción y aplicación de criterios jurídicos inadecuados al momento de dictar sus sentencias hasta acoso sexual y tratos inadecuados a miembros de los juzgados o tribunales que encabezan, revelaron fuentes de la Comisión de Disciplina de la Judicatura.

En ese mes, el CJF comenzó a imponer sanciones. De inicio fueron separados tres jueces de distrito, dos de Baja California relacionados con supuestas irregularidades vinculadas a amparos a empresas importadoras de autos chocolates, y uno de Michoacán, el que liberó a implicados en el michoacanazo.