La juez federal Marta Sánchez Alonso concedió ayer una suspensión definitiva a Moisés Ramírez Serrano y a Edgardo Israel Vargas Pérez, secretarios de los juzgados segundo y cuarto especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones. Con esta resolución, la PGR no puede emitir nuevos citatorios en su contra.

La semana pasada, como parte de una pugna ente la Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial Federal (PJF), la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (Seido) emitió un citatorio contra ambos funcionarios judiciales para que se presenten a declarar dentro de una averiguación previa abierta en su contra y de sus superiores jerárquicos, los jueces segundo y cuarto de medidas cautelares.

Esa subprocuraduría falló hace dos meses en su intento por conseguir órdenes de aprehensión contra dichos funcionarios, así como contra sus superiores jerárquicos, los jueces Osbaldo López García y Martín Adolfo Santos Pérez.

Buscaba detenerlos por revelación de secretos y obstaculización de la investigación de un hecho delictuoso o favorecer que un inculpado se sustraiga a la acción de la justicia, pues negaron órdenes de cateos en domicilios de Efraín Cázares López, el juez del michoacanazo.

Una vez que esa solicitud de captura fue negada por un juez de distrito del Reclusorio Norte, la PGR solicitó a un tribunal unitario que revoque esa negativa de apelación.

No obstante, el pasado jueves María Magdalena Gante Navarro, fiscal de la Seido, citó a los secretarios para que comparecieran ante la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos.

Esto, dentro de la averiguación previa PGR/SEIDO/UE-IARV/081/2012, iniciada por delincuencia organizada, aunque los detalles de los hechos indagados hasta ahora son desconocidos públicamente.

Ramírez y Vargas se ampararon contra los citatorios y lograron congelarlos.