En un escenario en el que la tortura se ha vuelto una práctica generalizada y sistemática de las fuerzas oficiales de seguridad, con el pretexto de la guerra contra el crimen organizado –como documentó la organización Amnistía Internacional-, en el estado de Guerrero se vive una situación todavía más grave, puesto que es la única entidad del país en donde ese delito ni siquiera está tipificado en su código penal.

Así lo afirmó Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que ayer presentó un documento al Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), en el contexto de la revisión de los informes periódicos que el Estado mexicano rinde ante dicho organismo, para explicar cuáles han sido sus avances para erradicar esa práctica.

Ayer, los integrantes del CAT recibieron en audiencia privada a un grupo de representantes de organizaciones de la sociedad civil para escuchar su evaluación sobre la tortura en México, antes de recibir de manera formal este miércoles y jueves a los delegados del gobierno de Felipe Calderón en la ciudad de Ginebra, Suiza.

En Guerrero vivimos una situación muy difícil, porque a pesar de que la mayoría de los casos de torturas y desapariciones forzadas han ocurrido aquí, ese delito tiene índices muy altos porque no esta tipificado en el código penal, explicó Rosales en entrevista con La Jornada.

Solamente en una ley secundaria, mediante la cual se creó la comisión estatal de derechos humanos, se menciona la existencia de la tortura, pero en los hechos esa norma es insuficiente para iniciar averiguaciones previas contra quienes llevan a cabo esa práctica. Es por ello, dijo, que todas las indagatorias son por abuso de autoridad o lesiones.

Un ejemplo de este hueco legal, expuso en Ginebra el abogado Isidoro Vicario Aguilar, es el asesinato de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, cometido el 12 de diciembre del año pasado.

En dicho caso, las autoridades guerrerenses nunca aceptaron investigar las denuncias de tortura de otro joven, Gerardo Torres Pérez, para que se autoincriminara como responsable del caso, a pesar de que las pruebas del Protocolo de Estambul –método internacional para determinar si alguien ha sido torturado– resultaron positivas.

Por otro lado, la aplicación de la reforma penal de 2008 que obliga a todos los estados a poner en marcha el nuevo modelo oral acusatorio tiene un atraso impresionante en Guerrero, lo cual ha impedido romper con los vicios del anterior sistema, y acotar verdaderamente el código de justicia militar, deploró Rosales.

En este sexenio en particular las denuncias de tortura se dispararon brutalmente, y lo más grave es que el gobierno no lo reconoce. Sigue diciendo que son casos aislados, cuando hay un patrón sistemático de tortura, enfatizó.