México está a tiempo de evitar una crisis de pensiones como la que viven algunos países europeos, pero es urgente reformar este sistema en estados, municipios, universidades y paraestatales, coincidieron analistas.

El experto Pedro Vázquez Colmenares Guzmán dijo que, para avanzar en resolver esta problemática, la próxima administración debe promover que en los tres niveles de gobierno haya estudios actuariales uniformes y válidos para determinar la solvencia de los planes de pensiones.

Consideró que se requiere efectuar los análisis que muestren la situación de esos esquemas, y que se revelen los datos a los trabajadores y a sus sindicatos, para hacer los ajustes pertinentes y evitar problemas financieros graves.

Refirió que en el país hay más de 138 sistemas de pensiones a nivel federal, de universidades públicas y estados, más de 500 sistemas municipales, y urge modificar cada uno; por ahora ya se realizan trabajos en Chihuahua, Tlaxcala, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima y Sinaloa.

Reconoció que de continuar por ese camino se vendría una crisis económica en pocos años, porque el nivel de gasto en pensiones ocupa 8.0 por ciento del presupuesto nacional, que es casi la mitad de la nómina de los trabajadores en activo.

Ejemplificó que en algunas universidades el tamaño de las pensiones anuales con respecto a las nóminas de los empleados ya es de 60 o de 80 por ciento.

Esas instituciones no van a sostener ese nivel de gasto y se necesitan hacer los estudios, convencer a los trabajadores de que es para el bien del sistema y del futuro que haya cambios y ajustes, advirtió.

El actuario Francisco Miguel Aguirre Farías consideró que aunque los problemas financieros derivados de pensiones no alcanzarían los niveles de España, sin duda nos va a causar problemas graves; esto es un cáncer que avanza y que carcome las finanzas públicas.

Consideró que no existe una fecha fatal para la quiebra del sistema de pensiones, puesto que la afectación se va dando poco a poco y requiere de recursos de otros conceptos, como los de salud o infraestructura, lo cual afecta el desempeño de dichos sectores.

El vocal ejecutivo del Pensionissste, Alejandro Turner, coincidió en que los esquemas no financiados, sumados a los compromisos por pagar, generan una presión importante en las finanzas públicas.

Sugirió crear mecanismos y sistemas eficientes y lograr las reformas necesarias para hacer viables financieramente estos esquemas sin que produzca una afectación social grande.