Auspiciadas por los dos gobiernos federales del Partido Acción Nacional (PAN), en el campo surgieron más de 600 agrupaciones con la pretensión de terminar con añejos liderazgos y neutralizar la actividad socio-política de una veintena de organizaciones de mayor tradición y presencia en el ámbito nacional identificadas con los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) u otras fuerzas de la izquierda.

Ganaron presencia en los consejos consultivos y fueron favorecidas con los recursos de diversos programas; algunas de las nuevas organizaciones y de las históricas incumplieron con la normatividad de comprobación y de dirigirlos a los beneficiarios, lo que generó una confrontación jurídica con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Las dirigencias de la Confederación Nacional Campesina y del Congreso Agrario Permanente (CAP) –organismo que aglutina 12 agrupaciones– denunciaron que la Sagarpa favorecía a las nuevas agrupaciones y pidieron a los diputados de la anterior legislatura se realizara una depuración del padrón de beneficiados, pues –argumentaron– se daba un uso político a los recursos y las nuevas agrupaciones no cumplían con los objetivos del programa. Especificaron que sólo por medio del Programa de Fortalecimiento de Organización Rural (Organízate) recibieron mil millones de pesos de 2000 al primer semestre de 2012.

Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Sagarpa, explicó que con el programa Organízate se buscó democratizar la organización productiva en el campo, pues antes era una estructura más cerrada y vinculada a los partidos políticos. Se trató de abrir, pero tal vez se fue a otro extremo. Aceptó que han proliferado las figuras asociativas y que la Sagarpa no tiene facultades para intervenir ni fiscalizar adecuadamente a cada una: no tenemos personal, bases legales, mecanismos para estar auditando cada peso que ellas ejerzan.

A pocos días de que concluya esta administración, la polémica entre integrantes del CAP y la Sagarpa se profundiza. La institución advirtió que interpondrá una denuncia civil o de otro tipo si las organizaciones no presentan la documentación que avale legalmente los gastos realizados. Raúl Pérez Bedolla, secretario de Organización de la Alianza Campesina del Noroeste, dijo que se formó un frente de organizaciones campesinas de defensa contra la persecución que han emprendido la Sagarpa y el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, quienes exigen a las agrupaciones entreguen los estados de cuenta bancarios y financieros de los proveedores de las organizaciones campesinas, lo cual está fuera de nuestro alcance.

Sostuvo que los tres secretarios de Agricultura de los dos gobiernos del PAN –Javier Usabiaga, Alberto Cárdenas Jiménez y Francisco Mayorga– tuvieron muchos prejuicios hacia las organizaciones sociales que teníamos varias décadas de existir. Nos dejaron prácticamente fuera de todos los apoyos.

En las dos evaluaciones pasadas del programa Organízate, la Auditoría Superior de la Federación expuso que las organizaciones y la Sagarpa incumplieron con los objetivos y normatividad del citado plan. De acuerdo con los documentos, diversas organizaciones reincidieron en la presentación de documentación fraudulenta para justificar el uso de los recursos que recibieron, en tanto la Sagarpa no atendió las recomendaciones de evitar la duplicidad en la entrega de los recursos, terminar con la falta de transparencia en los apoyos brindados a las agrupaciones rurales, cotejar la documentación original de la escritura pública o de las modificaciones de registro de la organización ni realizó el seguimiento, control y supervisión del gasto.

Fundación de Profesionistas Indígenas, Unión de Productores Agrícolas por un México Libre, Democracia Integradora Rural, Unión Nacional de Campesinos para el Desarrollo Rural Sustentable, El Campo Fuente de Bienestar Social, Coalición de Ganaderos Unidos, Agroserpcam y la Unión General Obrera Campesina de México Jacinto López, entregaron facturas irregulares, trasladaron recursos a otras agrupaciones o utilizaron los recursos para pagar a sus propios directivos.