Ciudad Juárez, Chih., 28 de octubre. La fiscalía general del estado afirmó que la acusación contra Israel Arzate Meléndez, de haber participado el 30 de enero de 2010 en la masacre de 16 jóvenes en la colonia Villas de Salvárcar de esta ciudad, está sustentada en la información proporcionada por un testigo protegido y por testimonios de otras personas que lo vincularon con el multihomicidio.

Leopoldo Maldonado, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, manifestó que el expediente fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que Arzate Meléndez demuestre que en febrero de 2010 fue torturado por policías estatales y militares para que se declarara culpable de la matanza, por lo que se sienta un precedente muy importante no sólo para Chihuahua, sino para los tribunales de todo el país.

Expresó que durante todo el proceso contra el acusado quedó en evidencia que la defensoría pública de Chihuahua está al servicio no del detenido, a quien representa, sino en favor del Poder Ejecutivo, toda vez que fue omisa en señalar las irregularidades en contra de quien debería representar. La SCJN, además de decidir sobre el caso de Israel Arzate, va a sentar precedente aplicable para todos los tribunales. Por ello tiene doble importancia la atracción que se ejerce, subrayó.

Carlos González Estrada, vocero de la fiscalía del estado, informó que entre las pruebas contra Arzate Meléndez no se incluye la confesión de que es culpable, la cual se obtuvo por tortura, según diversos organismos internacionales. Explicó que la fiscalía prefirió basarse en pruebas de balística y testimoniales. Hay otra estrategia jurídica en el caso, la cual no contempla las declaraciones que el acusado rindió ante militares.

Por su parte, miembros de organizaciones civiles, como los centros de derechos humanos Paso del Norte (CDHPN) y Miguel Agustín Pro Juárez, acompañados por familiares de víctimas de torturas, denunciaron que tienen documentados 40 casos que van a ser presentados en el examen que hará el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a principios de noviembre próximo.

Óscar Henríquez, presidente del CDHPN, comentó que durante semanas realizaron una campaña contra la tortura en cruceros e iglesias, para que la población denunciara los casos y para visibilizar el problema. Están documentando casos desde enero para ofrecerlos como informe alterno al que va a presentar México ante el Comité contra la Tortura de la ONU en noviembre próximo en Ginebra, Suiza.

Mencionó que en Ciudad Juárez, Chihuahua, se han documentado 40 casos, pero a escala nacional van a entregar 170. En Juárez tenemos el de Israel Arzate, quien ya lleva casi tres años detenido, luego de que fue torturado por militares para culparse de la masacre de Villas de Salvárcar. Además, lleva casi dos años arraigado de manera ilegal.

Otro de los casos emblemáticos, abundó, es el de cinco trabajadores detenidos y presentados por la Policía Federal el 11 de agosto de 2010, acusados de haber colocado un coche bomba, haber descuartizado a un agente y haber violado a una joven, cargos que fueron retirados por la misma dependencia el año pasado, sin que hayan dejado libres a los juarenses que fueron torturados.

En este caso, Antonia Rentería, madre de dos de los acusados, acusó que sus hijos fueron torturados para que se dijeran responsables de ese delito, según se demostró en el Protocolo de Estambul, aplicado por peritos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.