Brasilia, 24 de octubre. Un juez de Sao Paulo aceptó abrir un proceso penal contra un militar y dos comisarios acusados de secuestro durante la dictadura (1964-1985), la segunda vez que esto ocurre en Brasil, donde la ley de amnistía ha impedido juicios penales por delitos cometidos en ese periodo, dieron a conocer el miércoles la fiscalía y la justicia federal.

El juez aceptó abrir proceso contra el coronel retirado Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandante del destacamento de operaciones internas de Sao Paulo, informó un vocero de la justicia federal de Sao Paulo.

Ustra y otros dos comisarios, uno todavía activo, serán juzgados por el secuestro de Edgar Aquino Duarte, ex fusilero naval expulsado en 1964 de las fuerzas armadas por oponerse al régimen, y detenido en 1971, reportó la fiscalía en un comunicado.

A finales de agosto la justicia federal de Marabá, estado amazónico de Pará, aceptó la primera denuncia contra dos militares, el coronel retirado Sebastiao Curió y el mayor de la reserva Licio Augusto Maciel, acusados de secuestrar a militantes de la guerrilla del Araguaia en los años 70.

A diferencia de lo que ha sucedido en países vecinos, en Brasil ningún agente del Estado ha sido juzgado penalmente por violaciones a los derechos humanos en la dictadura, porque los ampara la ley de amnistía de 1979, ratificada hace dos años por la Suprema Corte.

Pero los fiscales de Pará y Sao Paulo argumentan que el delito de secuestro es imprescriptible y no está protegido por la amnistía, y basan su razonamiento en decisiones de la Corte, que aceptó extraditar a Argentina a militares argentinos acusados de secuestro en su país durante la dictadura.

La justicia de Sao Paulo afirmó haber aceptado la denuncia porque el secuestro se prolonga hasta hoy, y sólo cesa cuando la víctima es liberada, si está viva, o si se encuentran sus restos mortales.

El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff (detenida y torturada durante la dictadura, cuando actuaba ella en la guerrilla) instaló este año una comisión para investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos durante el régimen, pero sin levantar la amnistía.