Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya recibido el documento Hacia una agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación y se haya interesado en la propuesta, es fundamental, ya que de no haber sido así los jueces del país seríamos muy poco útiles a la sociedad, al no tener modelada la realidad que tratamos de normar, dijo en entrevista José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“El documento –abundó– tiene valor en la medida en que hace un alto en el camino y realiza un diagnóstico. El mundo se ha movido de forma diferente en los años recientes vinculándose más a la ciencia, la tecnología y la innovación. Hay experiencias en ese sentido que son exitosas.”

El ministro Cossío Díaz, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, se expresó así luego que el pasado 4 de octubre la SCJN, por medio de Juan Silva Meza, ministro presidente, recibió de José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el documento, elaborado por 64 organizaciones representantes de los sectores académico, científico y empresarial, que plantea una propuesta para una política de Estado en ciencia, tecnología e innovación para el periodo 2012-2018.

Consideró que el actual modelo en la materia está agotado o a punto de agotarse. Hemos vivido con un diseño de los años 70, con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y sólo lo hemos ajustado en lo marginal.

Agregó que en la Secretaría de Educación Pública (SEP) no se han hecho mayores cambios; tenemos una, pero no más, y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) parece que se estabilizó.

Existen varios organismos, como el Consejo Consultivo de Ciencias de la República, que me parece que tampoco está influyendo de manera importante, y la única variable nueva es la innovación, la cual se llevó a la Secretaría de Economía luego de sacarla del Conacyt y del ámbito académico. Estos son los temas que deberíamos proponer para una discusión, señaló.

Respecto de la creación de una secretaría de Estado en ciencia, tecnología e innovación, como propone el documento, el ministro consideró que un consejo bien organizado y con estatus podría salir adelante.

“A la secretaría no le encuentro mucho sentido. Se dice que crearla daría a la ciencia y la tecnología mayor importancia; puede ser que sí o no, pero ese no es el punto. Más bien está en la forma de establecer estas instituciones, pues hay que generar líneas de mando muy claras, tener consejos que funcionen y, si van a ser de decisión, hay que darles plenitud de facultades para que decidan; si van a ser asesores, que lo sean.

A veces me da la impresión de que estamos como a la mitad, ni acaban de ser asesores ni órganos de decisión; esta es la parte que habría que arreglar. Tampoco creo que se necesite una ingeniería brutal para lograrlo.

Cossío se pronunció en favor de dar el uno por ciento del producto de interno bruto (PIB), pero que esa inversión sea gradual, no de golpe.

Supongamos que mañana se cumpla el sueño y se aumente el 100 por ciento; o se va a gastar poco o se va a gastar mal. Se pueden presentar situaciones inadecuadas. Por eso me gustó la solución de ir arreglando las partes orgánicas, estableciendo los centros (de investigación) e ir en un proceso de creación-gasto-creación; es decir, un círculo más virtuoso.

Sobre la relación entre los avances científicos y la elaboración de leyes, Cossío Díaz dijo que, según el modelo jurídico que nació después de la Ilustración, el gremio de los abogados era autosuficiente, por la misma naturaleza de los hechos que regulaba.

Creo que así como antes los jueces podíamos pensar un derecho que se abastecía de sus propias reglas, conocimientos y formalismos, hoy no da para eso. En la actualidad, el derecho no es autosuficiente y necesita salir a buscar conocimientos para hacer sus operaciones normativas.

Nuevos conceptos

Añadió que los jueces necesitan conocer conceptos nuevos, como la complejidad de los sistemas económicos en términos de competencia, patentes o marcas; los temas que involucran a la biología, que abarcan gran cantidad de problemas y enfermedades relacionadas con el ácido desoxirribonucleico, o temas de física, para entender qué es un espectro radioeléctrico, una banda, una frecuencia o una onda para regular las telecomunicaciones. O los jueces y abogados salimos a este mundo de conocimientos, o no vamos a entender qué vamos a hacer, precisó.

Dijo que es un acierto que la SCJN haya establecido redes con la AMC, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Academia Nacional de Medicina para acercarse a ese conocimiento, porque la sociedad, mediante sus litigios, pregunta al cuerpo judicial qué se hace con todos esos nuevos conceptos.

Por ello, esta propuesta encaja en estas actividades que desde hace algunos años realizamos en la SCJN.

Sin embargo, Cossío Díaz precisó que el documento por sí mismo no genera soluciones, sino problemas, y obliga a ir más allá. Lo más interesante, dijo, es no pretender ahora que los jueces se conviertan en científicos. Los jueces debemos estar conscientes de los límites de nuestro conocimiento o dónde empieza nuestra ignorancia, porque entonces uno se atreve a preguntar. Este es un buen ejemplo de vinculación entre derecho y ciencia.