El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregar versión pública de los 738 acuerdos para la extradición de personas, sentenciadas o no, entre 2000 y marzo de 2012, con base en los tratados suscritos con España, Francia y Estados Unidos.

La SRE había clasificado los acuerdos y el nombre de los extraditados, por lo cual se presentó un recurso ante el Ifai.

Reservas

En el análisis del caso, en sesión plenaria, el comisionado ponente, Gerardo Laveaga, propuso la reserva de los nombres de los extraditados que no han sido sentenciados y de las personas que han sido enviadas al país solicitante y cuyas identidades no difunde aún la Procuraduría General de la República (PGR).

En cambio, desclasificó los nombres que se difundieron en boletines de la PGR, así como los acuerdos de extradición en los casos en que ya hubo sentencia y las personas fueron remitidas para cumplir una pena.

La entrega de la información se debe hacer mediante versión pública que incluya la parte considerativa de los acuerdos.

Los hechos delictivos y razonamientos jurídicos expresados en una sentencia, en una resolución judicial o en los acuerdos de extradición, también son públicos.

En el caso de los extraditados a Estados Unidos, indicó que la información es pública porque las sentencias en ese país se titulan y ordenan por los nombres reales de las partes y la ley no protege la identidad de los procesados ni de los involucrados en la causa. Pero confirmó la clasificación de los testigos, protegidos o no.

También clasificó los nombres de extraditados a España, porque en ese país se cambian los nombres de los sentenciados y se protege cualquier otro dato de identificación.

Sobre los remitidos a Francia, señaló que la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades recomendó que los datos personales sean anónimos cuando puedan ser consultados en Internet. Por eso sí se actualiza la confidencialidad de los nombres contenidos en los acuerdos de extradición.

La resolución fue aprobada con dos votos disidentes de los comisionados María Elena Pérez-Jaén y Ángel Trinidad, quienes consideraron que se deben dar a conocer los nombres de los extraditados, sentenciados o no, por ser presuntos responsables de delitos que los colocan en una situación de interés público.