Guadalajara, Jal., 16 de octubre. José Luis Ramos Gerardo es padre de siete hijos. Fue desplazado de Puertecito de Las Parotas junto con su esposa y otras cuatro familias por la trasnacional Peña Colorada, que derramó relaves de hierro (desechos tóxicos de procesos de minería) en esa región nahua del sur de Jalisco.

Ahí tenía una parcela de maíz, un par de vacas y otros animalitos. Hoy no tiene nada y, al igual que otros desplazados de varias comunidades de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, vive en el poblado de Coconal, en Colima, desplazado por la industria minera.

Ramos Gerardo espera que Peña Colorada, del consorcio mutinacional Hylsa-Ternium y Mittal Steel, le pague una indemnización de 350 mil pesos, como hizo con tres ejidatarios de Ayotitlán. Como no soy ejidatario, no me quieren pagar, dice.

Precisa que el derrame de piedras y lodos afectó el camino por el que transitan habitantes de Mameyito, San Antonio, Las Maderas y Rancho Quemado, siguió por barrancas y arroyos y arruinó cultivos hasta llegar al río Marabasco.

Su testimonio es similar al de Esteban Guzmán Pulgarín, habitante de Telcruz y secretario del Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco (Fremmar). Ambos se reunieron en Guadalajara con la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH).

Sus versiones coinciden en que el ejido de Ayotitlán, donde se asienta Puertecito de Las Parotas, rentó a Peña Colorada las 800 hectáreas para que la empresa arrojara residuos. Nos dijeron que saliéramos, que si no agarrábamos lo que nos ofrecían nos íbamos a quedar sin nada, agrega.

Un acta circunstancial presentada el 12 de octubre por habitantes de Los Potros y las Parotas, además de miembros del Fremmar, relata que el deslave de desechos se debió a que se rompieron las cortinas de retención.

“El único manantial de la comunidad Las Parotas está muerto y enterrado bajo miles de toneladas de desechos de la mina Peña Colorada.

Los de la mina dicen que además de las 600 hectáreas que ya tenían en su poder, ahora son propietarios de más de 800 hectáreas que acaban de comprar al ejido de Ayotitlán.

Además de Ramos Gerardo, Félix Monroy Rutilo y Jesús Ramos Gerardo, entre otros comuneros, han sido expulsados sin recibir absolutamente nada por sus parcelas, señalaron.

Óscar González Gari y Efraín Franco, integrantes de la RJDH, anunciaron que se presentarán denuncias ante la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Secretaría de Economía para pedir que se haga un peritaje sobre daños sociales y ambientales.