El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados presentará este jueves ante el pleno una controversia constitucional contra el procedimiento legislativo utilizado para dictaminar la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que se encuentra como minuta en el Senado.

Al enterarse de la propuesta que el partido del sol azteca llevará a la tribuna, el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, anunció que su partido votará en contra porque “no existen elementos de fondo como para que esta controversia sea presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo que menos nos gusta a muchos de nosotros es ir a la Corte con una controversia sin sustento y que no sea admitida.

Señalan violación a decreto

La bancada panista también se pronunció por desechar la propuesta del sol azteca.

A su vez, Silvano Aureoles Conejo, líder de los perredistas, expresó: espero que el PRI y el PAN la voten.

De acuerdo con el contenido de la controversia –llevada al pleno por la vicepresidenta Aleida Alavez–, con motivo de la expedición del dictamen de reforma laboral se violó el artículo segundo del decreto por el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución, cuyo contenido advierte que el Congreso deberá expedir la legislación en la materia (de trabajo) a más tardar en un año, contado a partir de la entrada en vigor del mismo.

El pasado primero de septiembre, Felipe Calderón presentó una iniciativa preferente con objeto de reformar la ley laboral.

La citada iniciativa se encuentra establecida en el artículo 71 de la Constitución, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación apenas el 9 de agosto pasado.

Con esta medida el Ejecutivo federal, de manera alevosa, pretende que el Congreso resuelva una iniciativa de trascendencia nacional bajo el concepto de preferente, figura que carece de procedimiento en el Legislativo, señala el documento de la controversia.

Así, una vez que el Congreso emita la ley reglamentaria, se determinarán las formas y los procedimientos para garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados.

Incluso se advierte que la citada ley no podrá ser vetada, ni necesitará de promulgación del Ejecutivo para tener vigencia.