El gobierno de Estados Unidos no ha compartido con autoridades mexicanas los nombres de los agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) ni tampoco la lista de las armas traficadas como parte de la operación Rápido y furioso, a pesar de las solicitudes formales de asistencia jurídica que ha enviado la Procuraduría General de la República (PGR), con el argumento de que están en curso dos investigaciones en ese país y que no podrían ser proporcionados hasta que concluyan sus indagatorias, reveló el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de esa dependencia, Alejandro Ramos Flores.

Como encargado de solicitar la información relacionada con Rápido y furioso por la vía jurídica, Ramos Flores señaló que el gobierno estadunidense no ha entregado nada y las autoridades mexicanas han tenido que integrar sus investigaciones con informes que se hacen públicos en el Congreso de Estados Unidos o con datos que difunde el Departamento de Justicia de ese país.

Informó que el Ministerio Público Federal inició tres averiguaciones previas por Rápido y furioso, mediante el cual se entregaron más de mil 900 armas a miembros de la delincuencia organizada en territorio mexicano. Una de dichas indagaciones la promovió la visitaduría de la PGR para determinar si hubo funcionarios mexicanos involucrados en esa operación; la segunda fue por delitos cometidos en el extranjero que afectan a México, y la tercera está relacionada con grupos de la delincuencia organizada. No existe evidencia de que funcionarios mexicanos hayan conocido, autorizado ni participado en la planeación de una entrega controlada de armas de fuego a organizaciones criminales que operan en territorio mexicano, dijo el funcionario. Ramos Flores descartó también que los encargados de la oficina que la PGR tenía como enlace con la ATF, en Phoenix, Arizona, hayan autorizado o sabido de la existencia de Rápido y furioso.

–¿México podría enjuiciar a los funcionarios estadunidenses que participaron en Rápido y furioso?

–En estricto derecho sí, pero solamente si hubiese una circunstancia delictiva por parte de estos funcionarios que tuviera efectos en México y que no fuese juzgada en Estados Unidos.