Guadalajara, Jal., 7 de octubre. Nahuas del ejido de Tequesquitlán, municipio de Cuautitlán, en el sur de Jalisco, acusaron a la minera china Gan-Bo, que explota yacimientos a cielo abierto, de contaminar a tal grado la zona que está afectando el cultivo de tamarindo, el producto más importante de la comunidad, fuente de ingresos para cientos de familias locales y migrantes.

Gan-Bo, propiedad del empresario chino Liantuan Wu, comenzó a explotar en 2009 la mina El Ratón, a las afueras de Tequesquitlán. En los procesos de explotación a cielo abierto se utilizan explosivos, cianuro y gran cantidad de agua, lo que afecta veneros y pozos cercanos, y ha obligado a los pobladores a hacer viajes cada vez más largos para abastecerse del líquido.

El director de la Liga Jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González Gari, quien asesora a los ejidatarios de Tequesquitlán que interpusieron amparos por violación de garantías individuales y sociales, alertó sobre la posibilidad de actos violentos ante la indiferencia de las autoridades para resolver el problema.

En agosto de 2008, cuando Liantuan Wu intentó explotar ilegalmente un yacimiento de oro y plata en un predio de un ejidatario nahua, provocó que los indígenas se apoderaran de maquinaria, lo que hizo que se diera marcha atrás a la concesión.

La región nahua jalisciense se ubica en los límites con Colima. Pese a su riqueza minera y forestal, es de las más pobres del estado. Tequesquitlán es una de las pocas comunidades prósperas del municipio de Cuautitlán; unos 2 mil ejidatarios cultivan alrededor de 5 mil hectáreas.

Muy cerca, en Mameyito, también comunidad nahua, la minera italo-argentina Peña Colorada arrojó hace un par de semanas grandes cantidades de lodos y aguas contaminados, así como piedras de desecho que afectaron varias casas.

Destruyeron sembradíos, corrales, casas y gallinas, y afectaron gravemente el único manantial de la comunidad, dijo González Gari. La empresa, propiedad del consorcio Ternium, ofreció indemnización a los indígenas, pero a entregarse en un futuro no precisado, y únicamente a ejidatarios empadronados del ejido de Ayotitlán, donde se asienta Mameyito.

“La empresa Peña Colorada vuelve a lo de siempre, con la anuencia del gobierno de Colima, su mayor aliado. Discrimina a los comuneros –que son mayoría en Mameyito– al no reconocerles personalidad o derecho para recibir indemnización”, agregó.

González Gari pidió la intervención de los gobiernos federal, de Colima y Jalisco, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esta última entidad.