Es verdad que hay una gran afectación, reconoce el jefe delegacional de Coyoacán
Si una orden judicial ordena la demolición del inmueble, se acatará, adelanta el funcionario
Por la forma tan precipitada de abrirlo, se trata de un madruguete: representante de los inconformes
Sábado 6 de octubre de 2012, p. 3
El nuevo jefe delegacional de Coyoacán, Mauricio Alonso Toledo, aseguró a los vecinos del barrio La Conchita, que si el Centro Cultural Elena Garro –ubicado en la calle Fernández Leal 43– viola la ley, éste será cerrado luego que se conozca la resolución del decimosegundo tribunal colegiado en materia administrativa, que analiza la legalidad de la construcción del inmueble.
El funcionario fue increpado al llegar al recinto que la titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Consuelo Sáizar, inauguraría minutos más tarde en una ceremonia privada, a la que acudieron el director general de Educal, Héctor Chávez Castillo; la escritora Elena Poniatowska y Alberto Ruy Sánchez, entre otros invitados.
El titular de la demarcación sustuvo que si una orden judicial determina que se debe demoler el recinto lo vamos hacer, sin lugar a duda, porque es un asunto legal; además, yo podría tener responsablidades legales ante la Contraloría Mayor de la asamblea (Legislativa del Distrito Federal, y por instancia, inhabilitación.
No permitirá, aseveró, que se escondan los documentos y acatará la orden judicial sobre el litigio que interpusieron los vecinos contra la instalación del espacio cultural en el número 43 de la calle Fernández Leal.
El jefe delegacional explicó que un día antes recibió la invitación para participar en la inauguración del recinto y como funcionario no podía negarse a tener una interlocución con el gobierno federal.
Como jefe delegacional represento a todos los coyoacanenses y tengo que asistir por mandato de ley y de inclusión de todas las opiniones, pero es verdad que existe una gran afectación y eso siempre lo voy a decir ante los medios de comunicación.
Pese a las protestas de los vecinos que se encontraban afuera del recinto, la titular de CNCA inauguró el Centro Cultural Elena Garro –cuya inversión fue de 120 millones de pesos– con invitados especiales, bocadillos y un grupo de mariachi.
El inmueble. con diseño arquitectónico de Fernanda Canales y Saidee Springall del Villar, alberga más de 20 mil títulos y alrededor de 180 mil ejemplares, además cuenta con un salón de usos múltiples, áreas verdes, aulas y estacionamiento para bicicletas.
Jorge Martínez Stack, presidente del comité vecinal del barrio La Conchita, expresó que la inauguración del espacio cultural es una señal de que el CNCA perderá la resolución, porque de otra manera no se explica la apertura de la librería.
La forma tan precipitada de la inauguración que surgió de un día para otro es un madruguete, porque si realmente fuera un funcionario responsable esperaría a que la ley otorgue la razón, y en ese caso este acto hubiera sido una verbena popular, pero aquí afuera estamos los vecinos y allá los funcionarios. Me parece esto muy representativo del tipo de obra cultural que se está haciendo
, sostuvo Martínez.
Irregularidades del CNCA
En entrevista con La Jornada, el abogado Benjamín Salinas, representante de los habitantes de La Conchita, explicó que el CNCA incurrió en irregularidades: la primera fue efectuar la inauguración sin tener los permisos, porque no dieron aviso de la terminación de obra.
La segunda es una responsabilidad administrativa por haber continuado la construcción al existir la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que resolvió que el terreno donde se ubica el Centro Cultural Elena Garro tiene uso de suelo habitacional por lo que es ilegal que ahí se construya una librería.
“El problema –prosiguió el jabogado– es que hubo un desgaste de recursos públicos sin autorización de la ley, es decir, los jueces no autorizaron que siguieran utilizando presupuesto público. Las autoridades del CNCA lo hicieron y este caso implica a los funcionarios –aunque dejen de estar en funciones próximamente–, la responsabilidad administrativa, que será para ellos y deberán responder por los recursos mal gastados.”
Recordó que la resolución que obliga al CNCA y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) a regresar el inmueble a uso de suelo habitacional y no para construir un auditorio ni una librería se emitió el pasado 21 de junio.
Las autoridades interpusieron recurso de revisión ante el decimosegundo tribunal colegiado en materia administrativa, no obstante que aún no se toma una determinación que revoque la primera resolución; en ese sentido sigue vigente la sentencia del 21 de junio.