espués de casi 18 años de que se instituyó la política de asignar subsidios a través de programas direccionados a las familias más pobres del país, como la panacea o la fórmula mágica para que éstas salieran de la situación social en la que se encontraban, la realidad demuestra la insuficiencia de estas medidas.
Concebir la pobreza como un fenómeno aislado de la realidad social y atenderla mediante dádivas y medidas asistenciales ha fracasado como política de gobierno, ha inmovilizado la participación social y la creatividad comunitaria. Los destinatarios de los programas sociales son objetos y no sujetos de la acción pública, por lo tanto, la organización social que pudiera potenciar la fortaleza del Estado mexicano para enfrentar los nuevos retos está ausente en la vida social mexicana.
El establecimiento de metodologías diseñadas en los escritorios de oficinas públicas, alejadas del conocimiento y la comprensión de los fenómenos sociales, ha contribuido en gran medida a la desarticulación del tejido social comunitario. El temor, la incertidumbre y la desesperanza se han apoderado de comunidades, pueblos y rancherías. La falta de expectativas de vida, de empleo y oportunidades de estudio para los jóvenes los hace presas fáciles para incorporarse a las bandas delictivas, sumirse en las adicciones o emigrar hacia Estados Unidos. En las zonas urbanas, quienes encuentran trabajo tienen que estirar su salario ante el alza de precios de los productos básicos y destinar una parte importante de su salario a un transporte caro e ineficiente que alarga la jornada de trabajo e impide una relación de mayor cercanía con sus familiares.
Las cifras oficiales expresan la incompetencia gubernamental y la forma en la que se desvirtúan los programas públicos. De acuerdo con estimaciones hechas a partir de datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto 2010 (ENIGH), 5 millones y medio de personas que no son pobres son beneficiarias del Programa Oportunidades y, a la par, 5 millones y medio de personas en pobreza extrema no están incluidas en dicho programa, sin contar con los 33.6 millones de personas en condiciones de pobreza moderada que tampoco son beneficiarias de dicho programa.
Con datos de la misma encuesta oficial, nos encontramos que 9.1 millones de personas que no son pobres reciben beneficios de los programas sociales del gobierno y 34.7 millones de personas en condiciones de pobreza extrema y moderada no reciben ningún beneficio de los programas oficiales. Adicionalmente, los beneficiarios de los programas federales han venido sufriendo una pérdida en el valor real de los apoyos recibidos, sobre todo debido al incremento en el precio de los alimentos. Bajo la lógica de repartir dinero público para intentar por la vía de la dádiva sacar de la pobreza a los hogares, se requerirían más de 500 mil millones de pesos anuales, lo que significaría un incremento de casi mil 500 por ciento del presupuesto del Programa Oportunidades del presente año. Con el agravante de que dicha acción no garantiza un avance significativo en los objetivos de reducción de la pobreza.
Los actuales programas sociales gubernamentales en su conjunto (Oportunidades, Procampo, 70 y más, PAL, Programa de Empleo Temporal y otros) en cuanto a la reducción de la pobreza tienen un impacto irrelevante. Con datos de la ENIGH 2010, al estimar cuál sería el tamaño de la pobreza si no existieran los actuales programas sociales, la pobreza alimentaria se incrementaría de 18.8 a 21.7 por ciento; la pobreza de capacidades aumentaría de 26.6 a 29.1 por ciento, y la pobreza patrimonial se elevaría de 51.0 a 52.7 por ciento. Las famosas tarjetas para los pobres
ideadas por los tecnócratas valieron un sorbete.
Ante esta realidad, se hace necesaria una profunda revisión de la política social mexicana y construir una nueva formulación que atienda las nuevas realidades, los nuevos paradigmas, mediante esquemas estratégicos, que entiendan la complejidad de los nuevos tiempos y las nuevas realidades. El ejercicio pleno de la política social no puede partir de la idea peregrina de que debe estar sustentada en una serie de programas oficiales, quizá bien intencionados, pero inconexos, limitados y fragmentados. Una política social de largo aliento sólo puede ser concebida a partir de entender que el desarrollo social debe estar basado en el reconocimiento y ejercicio a cabalidad de los derechos sociales consagrados en la Constitución mexicana.
Enfrentar una acción gubernamental de esta magnitud requiere no sólo del apoyo de los tres órdenes de gobierno, sino del pleno convencimiento del aparato gubernamental, de las organizaciones sociales y partidarias y de todas las instituciones, de que se hace necesario un nuevo replanteamiento nacional y una nueva forma de relación entre el Estado y la sociedad mexicana.
Quien crea que tiene la llave, la fórmula o la receta para resolver las interrogantes del actual laberinto mexicano no cabe duda que es un cretino. No importa que sea un egresado de las mejores universidades extranjeras o líderes que se ostenten como guías morales y poseedores de verdades absolutas. De esta crisis, o salimos todos o todos nos hundimos, no hay de otra; quien presuma o postule lo contrario, no cabe duda que su postura contendrá una gran dosis de arrogancia y demagogia.
Las posibilidades de una salida a la actual crisis están fundadas en la posibilidad de la construcción de un trabajo colectivo, interinstitucional, interpartidario y comprometido con un nuevo modelo de nación donde quepamos todos, donde recuperemos nuestra capacidad para el fortalecimiento del trabajo comunitario, de nuestro deseo de recuperar la esperanza, como punto de apoyo para las transformaciones sociales, para tener una sociedad más igualitaria, con mayores expectativas de vida y, sobre todo, con una mayor cohesión social, base indispensable en la construcción del México justo, digno, democrático e igualitario al que la inmensa mayoría de los mexicanos aspiramos.
