iariamente caen muchos jóvenes en México. Unos caen en las redes del narcotráfico y de otras formas de criminalidad que les ofrecen la oportunidad de ingreso económico y falso desarrollo que el sistema vigente les niega de manera tajante. Día a día hay reportes de jóvenes virtualmente anónimos que son secuestrados, torturados y asesinados o, en el mejor de los casos, largamente encarcelados bajo graves acusaciones. De los que mueren suele no quedar más que un registro fugaz, condenado casi todo aquel que fallece en un incidente violento de este tipo a ser tirado y olvidado en una suerte de gran fosa común que no merece investigaciones judiciales ni algún intento de justicia, porque se asume que quien es ultimado con armas de fuego y en circunstancias oscuras es un daño colateral o formaba parte de los cárteles en pleito entre ellos o contra las fuerzas gubernamentales armadas.

Tan lamentable como esos múltiples casos cotidianos (incluyendo, desde luego, a los jóvenes a quienes su patria no fue capaz de darles mejor opción que la delincuencia, convertidos muchos de ellos en verdaderos monstruos de crueldad) es el de José Eduardo, el hijo mayor de Humberto Moreira, el ex gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI. Siendo coordinador regional en asuntos de desarrollo social del gobierno que ahora encabeza su tío, Rubén Moreira, el joven Eduardo fue atacado con armas de fuego en las inmediaciones de un ejido de Ciudad Acuña.

Dada la relevancia del padre, este asesinato ha conmovido a buena parte de la clase política, entre condolencias, enojos y especulaciones. Al mismo tiempo, ese hecho ha puesto nuevamente de relieve la polarización que se vive en el país e incluso el asomo de un profundo resentimiento social que llega al extremo de no condenar ni expresar pena por un asesinato así, al ligarlo con las circunstancias políticas del país, y de Coahuila, en las que la familia Moreira ha tenido un papel destacado.

La resonancia (no hay pruebas de que también el móvil) del asesinato del joven José Eduardo está ligada al contexto político de su padre (de otra manera, habría sido uno más de los crímenes silenciosos y silenciados de todos los días). Y ese contexto es de fuertes claroscuros. Por un lado, el ex gobernador dejó una pesada deuda pública en la entidad, lo que aunado a acusaciones de corrupción entre funcionarios muy cercanos a él mantiene una viva irritación social. Por otra parte, heredó el cargo a su hermano Rubén mediante fórmulas de compra de voto similares a las practicadas este año. Humberto Moreira fue parte fundamental del sindicato de gobernadores priístas que sustentaron, promovieron y financiaron la precampaña de EPN en busca de la candidatura presidencial y, luego, la propia campaña y en especial el muy oneroso operativo mercantil de defraudación electoral extracasillas. Como representante de ese sindicato, Humberto fue instalado en la presidencia nacional del PRI, en una maniobra que además cubría ciertas apariencias, al dejar la gubernatura en manos de un manipulable interino que sería quien entregaría el poder al hermano Rubén, evitando la fotografía escandalosa del traspaso de mando entre consanguíneos directos.

En otra faceta, los Moreira han librado una prolongada batalla contra el panismo (al que fueron retirando de posiciones en ayuntamientos y el Congreso estatal) y en particular contra el calderonismo y su representante estatal, el ex senador Guillermo Anaya, quien es activo compadre del ocupante de Los Pinos. Como gobernador, Humberto criticó duramente el comportamiento de Vicente Fox y sus funcionarios en relación con la muerte de mineros en Pasta de Conchos y, años después, aseguró que el compadre Anaya estaba relacionado con el narcotráfico. Rubén, como diputado federal, dijo en marzo de 2010 que Calderón ejercía la presidencia de la República de manera espuria, no legítima, pues no había ganado las elecciones. También señaló que el michoacano había rendido protesta entrando al Congreso por la puerta de atrás y que en ese 2010 gobernaba entre guardaespaldas, encerradito en la residencia oficial.

La guerra partidista-electoral, los enconos grupales y el creciente desafecto entre el ocupante de Los Pinos y los hermanos que se apoderaron políticamente de Coahuila y se aseguraron impunidad y fuerza sexenal con Peña Nieto, tuvieron consecuencias naturales en el ejercicio de gobierno, confrontando con mucha frecuencia las posiciones de lo federal y lo estatal, y particularmente en el terreno de la delincuencia organizada y su forma de combate a través de fuerzas locales o nacionales.

Como si fuera una guerra entre cárteles políticos, Coahuila se ha visto sumida en una larga pesadilla sangrienta en la que pareciera que uno de los grupos de delincuencia organizada ha contado con el respaldo de las autoridades locales y que desde el plano central se atacaba a ese grupo dominante y a los políticos protectores, no sólo mediante las fuerzas oficiales de combate del narcotráfico sino que incluso hubo acometidas de bandos delictivos que coincidieron con momentos políticos importantes de los Moreira. Por ejemplo, mientras Humberto tomaba protesta como presidente nacional del PRI en Querétaro, en marzo del año pasado, en Saltillo ocurría una balacera que forma parte de las que continuamente se viven en esa capital y en las principales ciudades del estado, marcadamente en Torreón. El propio gobernador Rubén Moreira sufrió amagos violentos y tuvo que fortalecer la vigilancia en su entorno.

En ese contexto envenenado, con las fuerzas federales sujetas a sostenida desconfianza de parte de las autoridades locales, con cárteles desatados y vengativos, con la gran corrupción y el nepotismo estatales, y en medio de la gran descomposición nacional, el asesinato del joven José Eduardo es una lamentable desgracia que forma parte de un todo que demanda claridad, justicia y que no haya más jóvenes impunemente asesinados ni una sociedad que genere las condiciones para ver caer diariamente a otros más. ¡Hasta el próximo lunes!

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