Trabajadores de la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), buscarán dialogar con el equipo de transición del presidente electo, Enrique Peña Nieto, para solicitar que fortalezca las actividades de erradicación e intercepción de drogas, y que dé certeza a los más de 700 empleados que ahí laboran.

Funcionarios de la DGSA –quienes solicitaron anonimato– indicaron que existe inquietud en la plantilla de mecánicos, pilotos, despachadores y hasta empleados administrativos, porque desde hace un mes todos los servicios aéreos se encuentran detenidos y existen planes para despedir, en las próximas semanas, a más de 50 trabajadores.

Como se recordará, La Jornada dio a conocer que la PGR abrió una averiguación previa y una auditoría tras detectar la existencia de una red de corrupción en servicios aéreos, que lo mismo traficaban con piezas de aviones en buen estado, que de aquellos que sufrieron algún desperfecto, e incluso se sospechaba de la posible utilización de aeronaves de la dependencia para el traslado de narcóticos.

La DGSA también ha sido sometida a una auditoría de la cual no han sido dados a conocer públicamente sus resultados, y tras detectar la baja operatividad de la flota, la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, ordenó la suspensión de todas las operaciones de la flota, ya que se había detectado que solamente un promedio de cinco de 80 naves –entre helicópteros y aviones– podrían realizar traslados con toda seguridad.

Los trabajadores de servicios aéreos que fueron entrevistados indicaron que la compañía Rajet, que tiene su sede en la ciudad de Saltillo, Coahuila, ha rentado ocho aeronaves a la PGR; sin embargo, el acuerdo entre la institución y la compañía solamente contempla un uso de 40 horas mensuales por nave, por lo que no han sido suficientes para cubrir todas las actividades que anteriormente se hacían.

Asimismo, las fuentes consultadas por este diario mencionaron que las aeronaves rentadas, que inicialmente operaban con matrículas de una compañía privada y que por ello se impedía su operación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya cambiaron sus siglas, por lo cual ahora pueden despegar y aterrizar en la terminal capitalina, pero las naves son operadas por tripulaciones dependientes de la empresa arrendadora.