Santiago, 30 de septiembre. Cuatro indígenas mapuches cumplieron 34 días de huelga de hambre en la cárcel de Angol, en el zona sur de Chile, en protesta por juicios viciados y negativa de las autoridades a responder a sus demandas de tierras y derechos sociales. Se trata de los comuneros Daniel Levinao, Eric Montoya, Rodrigo Montoya y Paulino Levipán, todos de la comunidad winkul mapu.

Félix Madariaga, vocero de Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), dijo que la impresión es que se están muriendo y nadie hace nada, en medio de la invisibilidad de esta protesta por la mayoría de medios de comunicación y sin que el gobierno de Sebastián Piñera tome alguna posición para resolver el problema.

Los mapuches en huelga de hambre ya bajaron más de 11 kilos de peso, presentan mareos y malestar general y sólo están tomando líquidos. El sábado pasado Daniel Levinao fue llevado al Hospital de Angol para un electrocardiograma debido a pulsaciones débiles. Todos son vigilados por médicos y observadores de organismos de derechos humanos. Esta es la tercera huelga de hambre prolongada realizada por mapuches en los últimos años.

Los comuneros exigen que se revise y anule la condena a Paulino Levipán y Daniel Levinao, condenados a 11 años de cárcel por presunta acción contra carabineros (policía uniformada), así como devolución total del territorio del pueblo mapuche; no más testigos protegidos y fin a los montajes político-judiciales; desmilitarización inmediata del territorio mapuche; libertad a todos los presos políticos mapuches; no más torturas a los niños, mujeres y ancianos en allanamientos en contra de las comunidades mapuches.

En un comunicado, los presos indígenas indicaron que avanzaremos en defender nuestro derecho con la vida y responsabilizamos al Estado chileno, encabezado por el presidente Piñera, de negarnos el derecho a un debido proceso, a la presunción de inocencia y a respetar los acuerdos internacionales que firmaron para la protección de nuestro pueblo.

En Chile, a los mapuches que son detenidos por realizar protestas y acciones de resistencia se les aplica la ley antiterrorista instalada por Augusto Pinochet, la ley de seguridad del Estado, la ley de control de armas, reclusión nocturna, libertad vigilada, doble procesamiento en justicia militar y justicia civil y uso de testigos sin rostro. Alrededor de 114 indígenas fueron procesados en la era posdictadura.

Además, se registra el asesinato de nueve comuneros indígenas, entre 2002 y 2009: Jorge Suárez, Edmundo Lemun, Julio Huentecura, Xemón Díaz, Juan Collihuin, Matías Catrileo, Jhonny Cariqueo, Jaime Mendoza y José Huenante.

En los últimos meses se volvieron a registrar denuncias de agresiones de carabineros a menores de edad. El caso más grave ocurrió en la comunidad de Temucuicui, donde tres niños y un adolescente quedaron heridos, lo que motivó una investigación oficial.

Todo esto en el contexto del reciente envío a la zona de La Araucanía de refuerzos de elementos de carabineros y de un contingente de la policía de investigaciones que se instaló en una base de la fuerza aérea, todo considerado por dirigentes indígenas y de derechos humanos como militarización de la zona.

De tal manera que el caso de los cuatro mapuches en huelga de hambre se inscribe en una política oficial sustentada en la represión y la acción judicial más severa ante el reclamo de devolución de tierras (la mayoría en manos de latifundistas y consorcios forestales) y respeto a derechos culturales, sociales e institucionales de los pueblos originarios.