El PRD llevó ayer ante el pleno del Senado el conflicto en la Minera San Xavier y propuso que se pida al gobierno federal la suspensión inmediata de los trabajos de la empresa canadiense en ese municipio de San Luis, que opera ilegalmente a pesar de resoluciones judiciales en contra.

La senadora perredista Iris Vianey Mendoza propuso también crear una comisión legislativa de seguimiento a ese tema, ya que, expuso, un opositor al proyecto fue asesinado y otros perseguidos por oponerse al deterioro brutal del medio ambiente

En tribuna, Mendoza destacó que el cuestionamiento social “no es contra la industria minera, que es una actividad imprescindible para la vida humana, desarrollada desde los albores de la civilización. Lo que está en debate es el daño incalculable que significa la megaminería a cielo abierto, una forma de explotación minera sucia que a cambio de algunas ‘ventajas’ inmediatas hipoteca el futuro de la economía, de nuestro entorno ecológico, vulnera derechos humanos y depreda la vida misma de vastas poblaciones del país”.

Resaltó la senadora que la minería a cielo abierto es una destructora voraz y el daño que provoca es irreversible. Como parte del proceso, detalló, “se cavan cráteres gigantescos que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y más de 500 metros de profundidad. La pérdida de la biodiversidad es irreversible, así como la modificación agresiva de los paisajes y sus cauces hídricos.

Denunció que la actividad de Minera San Xavier ha dañado el patrimonio histórico y cultural en el municipio de San Pedro, en San Luis Potosí. El cerro de San Pedro, símbolo de tradición y de potencia minera plasmado en el escudo de armas de San Luis Potosí, el lugar fundacional de la ciudad allá por 1592, ya no existe, ha desaparecido para siempre de la faz de la tierra por la explotación.

A pesar de la brutal devastación social y ambiental que provoca este tipo de proyectos se extienden cada vez más, con mayor celeridad, en el país, merced a una red internacional de corrupción que permite la compra de voluntades políticas y de jueces.