La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó ayer por unanimidad la inmediata liberación de Manuel Santiz Pérez, acusado de participar en la matanza cometida en el poblado de Acteal, en 1997, en la que murieron 45 indígenas.

Los ministros dieron la razón a Santiz Pérez, quien presentó un recurso de reconocimiento de inocencia, con base en anteriores resoluciones del máximo tribunal en las que dejó en libertad a cerca de 70 indígenas que fueron acusados ilegalmente por la Procuraduría General de la República (PGR) de cometer los homicidios.

Con base en estas resoluciones, con las que prácticamente quedaron libres la gran mayoría de los acusados, los ministros de la primera sala ordenaron la inmediata libertad de Santiz Pérez.

En 2009, la primera sala amparó con la libertad inmediata y para efectos de que se dictara una nueva sentencia a los presuntos agresores, con el argumento de que las pruebas obtenidas por el Ministerios Público federal eran ilícitas, porque indujeron a dos testigos de cargo y con ellos violaron el proceso penal.

Violaciones al proceso legal

En una primera sesión, la sala determinó el 12 de agosto de 2009 liberar a 20 indígenas acusados de participar en el asesinato de 45 tzotziles que se encontraban en una iglesia. Los ministros argumentaron que su decisión se basó en que se violó el proceso legal, que la Procuraduría General de la República (PGR) fabricó pruebas y el Ministerio Público Federal no demostró la responsabilidad de los presuntos culpables, quienes ya habían sido sentenciados a 25 años de prisión.

En aquel entonces los ministros señalaron que tanto los jueces como magistrados federales que avalaron las sentencias condenatorias en contra de los acusados violaron gravemente sus garantías procesales, al dar por válidas pruebas y testimonios inventados.

Posteriormente, la misma primera sala de la Corte resolvió casi 30 amparos en los que los indígenas acusados argumentaban la misma violación a sus derechos procesales.

Utilizando los mismos argumentos, entre los que destacó que con un álbum fotográfico los agentes de la PGR pedían a los testigos de los hechos que identificaran a los responsables de la matanza, la sala concedió amparos de libertad inmediata o bien para efectos, con los que finalmente todos los que acudieron a la justicia federal quedaron libres.

Con base en todas estas resoluciones, Santiz Pérez y otros indígenas presentaron en su momento el reconocimiento de inocencia. El último asunto que resolvió la corte fue el de ayer; los otros fueron resueltos hace unos meses, con lo que, según fuentes judiciales, ya no queda por resolver ningún asunto relacionado con el caso Acteal en el máximo tribunal.