El sexenio de Felipe Calderón se ha caracterizado por el aumento de violaciones a derechos humanos, particularmente tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, aseguró Javier Enríquez, coordinador general del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

Señaló que, lamentablemente, con la llegada de Enrique Peña Nieto al gobierno no nos espera nada bueno, porque se ha dicho que seguirá con la misma tónica, además de que se asesorará por el colombiano Óscar Naranjo.

En conferencia de prensa realizada en el contexto del Seminario regional latinoamericano de salud integral y derechos humanos, en el que participan 17 centros defensores de garantías de 13 países latinoamericanos, así como Joost Martens, secretario general del Consejo Nacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT), Enríquez, detalló que mientras en 2006 se reportaron 330 casos, en 2011 fueron mil 161. Acotó que por la naturaleza de estos actos, evidentemente existe un alto subregistro de casos.

Detalló que a diferencia de lo que ocurría en sexenios anteriores, en los que la tortura era selectiva, y por tanto sólo afectaba a dirigentes sociales que no eran afines al gobierno, ahora es masiva; citó como ejemplo lo ocurrido en Atenco durante el gobierno de Peña Nieto en el estado de México.

Señaló que siguen siendo los hombres los más afectados por esta situación, aunque indicó que debido a que el fenómeno se ha vuelto masivo, cada vez hay más mujeres sometidas a estas prácticas, y a ellas se les aplica tortura sexual.

Enríquez insistió en que la tortura e impunidad son un binomio fundamental que debemos combatir. Señaló que ese delito se ha vuelto práctica común para obtener declaraciones forzadas.

Criminalización de la protesta

Carlos Jibaja, representante del Centro de Atención Sicosocial de Perú, señaló que aunque la situación que se vive en México en el contexto del combate al crimen organizado y el tráfico de drogas es mucho mayor que en otras partes de la región, la constante es que los gobiernos criminalicen la protesta social y que las formas de impunidad estén bastante instaladas.

Manifestó que en general los gobiernos muestran resistencia a atender las determinaciones de las instancias supranacionales en materia de defensa de garantías, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.