Ciudad Acuña, Coah., 23 de septiembre. Tienen vidas paralelas. Son más de cinco mil empleadas y empleados (la mayoría mujeres) de una de las maquiladoras más importantes asentadas aquí. La mayoría de las trabajadoras son madres solteras. Han procreado entre dos y cinco hijos. De las pocas que estudiaron sólo llegaron hasta cuarto año de primaria.

Desconocen sus derechos laborales plasmados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Sus historias están llenas de drama, de miseria. A todas les pagan salarios bajos, por lo que carecen de dinero suficiente para comprar lo más indispensable. Su constante: trabajar de lunes a viernes, ocho horas diarias, con derecho al Seguro Social, aunque ellas lo pagan cada dos meses. Ganan 105 pesos por jornada. Procuran no faltar nunca a la maquiladora que les da empleo, pues por cada día no laborado la empresa descuenta 300 pesos a su salario semanal.

Son las obreras y los obreros de la empresa PKC Arneses y Accesorios de México, una de las tres más importantes que operan en este puerto fronterizo. La firma de origen finlandés, que hace dos años adquirió lo que antes era Alcoa, es fabricante de arneses y accesorios para la industria automotriz y cuenta con cinco plantas en Acuña. Junto con Takata y Magna concentra el mayor número de puestos de trabajo del municipio y es un importante motor para la economía local, porque la mayoría de las 50 plantas que operan aquí son proveedoras de esas tres firmas.

Manzana de la discordia

Las y los trabajadores de Arneses, como ellos se denominan, son en la actualidad la manzana de la discordia entre dos poderosos sindicatos: el Nacional de la Metalurgia, afiliado a la CTM y encabezado por el ex diputado del PRI Tereso Medina Ramírez (calificado por sus detractores de esquirol y líder charro), quien posee la titularidad del contrato colectivo de trabajo de PKC, y el sindicato minero, de Napoleón Gómez Urrutia, representado en Acuña por la sección 307, cuyo secretario general, Alejandro Ojeda Ramírez, es uno más de los trabajadores de Arneses, cuya condición de pobreza es similar a la de sus más de 5 mil compañeros.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, después de un litigio de siete meses en tribunales federales en el que se ha dado la razón al sindicato minero, está por emitir la fecha (probablemente la segunda quincena de octubre) en que se hará un recuento de votos de los 5 mil 347 obreros empadronados en PKC de México, quienes decidirán en secreto con cuál de los dos sindicatos se quedan.

Para Napoleón Gómez Urrutia, la intención de encabezar un sindicato democrático en esta región fronteriza empapada de maquiladoras (son 60, de las cuales sólo tres tienen sindicato, pero los tres afiliados a la CTM) busca formar un frente común de lucha sindical que tenga como principio básico defender los derechos laborales de los obreros, quienes hoy ganan salarios miserables, carecen de prestaciones básicas y viven en la total pobreza, indicó en entrevista Alejandro Ortega.

La labor del sindicato minero es totalmente cuesta arriba. Tiene en contra a los gobiernos estatal y municipal (priístas), al sector empresarial, que ha lanzado una campaña de denostación en contra de los mineros, a los que acusa de violentos y revoltosos, y a los medios de comunicación de esta localidad y del estado, que les han cerrado las puertas y ni siquiera les han permitido ejercer su derecho de réplica.

Las brigadas que realizan personas ligadas a los mineros, que casa por casa buscan convencer a los trabajadores de Arneses para que se afilien a ese sindicato, ha generado incertidumbre y preocupación entre el sector productivo de Acuña, pues la Asociación Nacional de Maquiladoras (integrada por las 60 compañías con registro en esta región) han repetido hasta el hartazgo en medios de comunicación locales que la llegada a esta frontera del gremio que encabeza Gómez Urrutia –desde su exilio en Canadá– provocará que las maquiladoras cierren sus empresas y dejen sin empleo a la mayoría de los habitantes de esta frontera.

Nada mas falso, sostiene en entrevista con La Jornada la activista Julia Quiñonez, coordinadora del Comité Fronterizo de Obrer@s, organismo que apoya la llegada del sindicato minero al frente de la titularidad del contrato colectivo de Arneses.

El que el sindicato minero pueda ganar el contrato colectivo de cinco mil trabajadores significa abrir la puerta para que muchos otros obreros puedan seguir ese camino, añade.

Según Qiñonez, lo que está en juego no es el futuro de los empleados de una maquiladora, sino el futuro total de Ciudad Acuña y hasta de Coahuila, porque las empresas han tenido durante 30 años bajo su subordinación a los gobiernos estatal y municipales; entonces, si triunfara el sindicato minero, los políticos quedarían en evidencia.

La activista comenta que la salida a este conflicto social, derivado de las pésimas condiciones de vida de los obreros de las maquiladoras, es sencilla: todo se solucionaría aumentando considerablemente salarios y prestaciones de los trabajadores.

Si los trabajadores ganaran más, todos ganarían: sus familias, porque van a tener mejor poder adquisitivo y tendrían más tiempo para estar con ellos (hoy un obrero tiene que ocupar sus horas de descanso para dedicarse al comercio o a otras actividades); gana la iniciativa privada, porque aumentaría el consumo en los comercios; los dueños de las maquiladoras, porque sus trabajadores estarían incentivados para aumentar su productividad, y ganan los gobiernos, porque habría estabilidad social y económica, afirma Qiñonez, activista con 30 años de lucha en favor de los obreros.

Durante un recorrido que realizó este diario por los domicilios de decenas de obreras y obreros de Arneses, se pudo constatar las condiciones de pobreza extrema en que sobreviven los trabajadores de la maquila.

Es el caso de María Teresa Adame, una madre de 40 años de edad, con cuatro hijos y trabajadora de la planta de cableado PKC. El salario que percibe es de 105 pesos diarios, demasiado bajo para mantener a su familia. El mayor de sus hijos dejó de estudiar después de la preparatoria, y los dos siguientes completaron sólo la primaria. Una hija de 9 años de edad está aún en la escuela.

El año pasado, su tercer hijo, Nicolás, se fue con gente mala. Le ofrecieron dinero y drogas. Le dijeron que ganaría mucho y hoy está detenido en una cárcel para chamacos en Estados Unidos, dijo Teresa.

En la ciudad fronteriza de Acuña todos los días se tejen cientos de historias como la de esta trabajadora de la maquila.