En el proceso de elaboración de la Ley de Migración, las autoridades federales no han tenido un acercamiento real con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema, y a pesar de ello se aprestan a publicar su reglamento la próxima semana en el Diario Oficial de la Federación, pasando por alto las observaciones críticas que se han hecho al respecto, advirtieron activistas de organizaciones independientes.

Fabienne Venet, directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre la Migración, señaló que en todo este proceso ha habido una serie de desencuentros entre el gobierno y la sociedad civil, porque los activistas y académicos han hecho un esfuerzo para contribuir a la discusión de la ley y del reglamento, pero encontramos muy pocas respuestas.

Las organizaciones interesadas en el tema, añadió, se reunieron un par de veces con los funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) encargados de los asuntos migratorios para solicitar una copia del anteproyecto de la legislación, con el objetivo de fomentar la participación social y la transparencia, pero desgraciadamente no tuvimos eco.

Cuando los colectivos de defensa de migrantes finalmente obtuvieron el mencionado documento y pidieron una cita con las autoridades para comunicarles sus observaciones al respecto, el gobierno nunca concedió las citas. Lo único que ofreció, dijo, fue una dirección de correo electrónico para que las organizaciones hicieran llegar sus comentarios.

Fabián Sánchez, director ejecutivo de la asociación civil Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, coincidió en que el diálogo con las autoridades federales sobre este tema prácticamente fue nulo.

La afirmación del titular de la Segob, Alejandro Poiré, en el sentido de que el reglamento que se publicará la semana entrante incorpora las observaciones de los colectivos de la sociedad civil, los legisladores, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la Organización de Naciones Unidas, es una mentira total, subrayó.

Nunca existió un proceso de diálogo para construir la política migratoria. Varios grupos solicitamos una mesa de diálogo con el gobierno y nunca fue establecida. El único acercamiento es que nos pidieron que mandáramos nuestras observaciones a través de un correo electrónico, pero nunca fuimos informados de si las habían aceptado o no y por qué, deploró.

Por todo ello, y ante la inminente publicación del reglamento de la norma, diversas agrupaciones independientes presentarán un amparo para frenar la aplicación de dicho instrumento, por su falta de consulta real a la sociedad civil, y en caso de que esta petición sea desechada, recurrirán al sistema interamericano de justicia, adelantó.