El senador panista Salvador Vega Casillas informó que la comisión técnica que elabora el informe sobre la iniciativa preferente que el presidente Felipe Calderón envió al Senado para modificar la Ley General de Contabilidad Gubernamental entregará este viernes sus conclusiones, con el fin de que el lunes las reciba la mesa directiva.

Los legisladores integrantes de la comisión técnica se reunieron ayer con funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, quienes expusieron la situación en materia de transparencia de los recursos públicos en los estados y municipios.

Vega Casillas destacó, tras la reunión con los funcionarios, que hay un muy buen ambiente, hay disposición de todos los grupos parlamentarios de avanzar en la iniciativa; todo mundo ha hecho observaciones, pero lo que me alienta es que el ánimo es de enriquecer la iniciativa y no de frenarla; hay la intención de sacarla en los plazos adecuados.

El panista insistió en que no se trata de darles mayores facultades, sino simplemente de que los estados y municipios rindan cuentas. Ya tiene esa obligación en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Esta reforma lo que propone es obligarlos a difundir las cuentas a través de Internet, que los ciudadanos conozcan las deudas, los gastos, los ingresos y el destino que se da a sus impuestos.

Se le preguntó si esta nueva ley contempla dientes. Respondió que la ley ya contiene sanciones, pero esta reforma también introduce otras, trae sanciones administrativas y penales. Insisto, de lo que se trata es de transparentar las cuentas públicas, no tanto de darle más facultades de fiscalización a los estados y municipios. Desde luego que ese será otro tema a discutir en otra ley.

En la reunión con los senadores los funcionarios de Hacienda explicaron que un alto porcentaje de municipios no podrá cumplir con sus obligaciones de reportar sus cuentas el 31 de octubre. Todos los estados sí lo podrán hacer, incluso cabeceras municipales y los municipios de zonas metropolitanas, pero no aquellos alejados o que tiene menos de 25 mil habitantes.

Senadores y funcionarios coincidieron en que es necesario ampliar el plazo para que los municipios puedan acatar la ley vigente, que los obliga a publicar sus cuentas de deuda, gasto e ingresos.