Washington, 19 de septiembre. Un informe interno del Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó hoy que el fiscal general, Eric Holder, no supo de la polémica operación Rápido y Furioso hasta que comenzó la investigación parlamentaria a principios de 2011, si bien el estudio destaca graves deficiencias en la cadena de mando y se anunció la renuncia de varios funcionarios de la dependencia.

“No encontramos pruebas de que Holder fuera informado antes del 31 de enero de 2011 sobre la operación Rápido y Furioso, o que supiera de las tácticas empleadas por la ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas por sus siglas en inglés y encargada del operativo) en la investigación”, concluye el informe realizado por el inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz.

El informe señala que en dicha operación, entre 2009 y 2010, al menos 40 personas compraron más de 2 mil armas de diferentes calibres en comercios estadunidenses para enviarlas a organizaciones criminales mexicanas con un gasto de millón y medio de dólares en efectivo. La intención era rastrear dichas armas hacia los cárteles de la droga.

Holder tampoco fue informado, hasta 2011, de la conexión entre la muerte del agente fronterizo Brian Terry en diciembre de 2010 –hecho que destapó el escándalo– y la controvertida operación, agrega el reporte, que causó gran expectación en Estados Unidos debido a que el descubrimiento de la operación provocó que los republicanos impulsaran una investigación parlamentaria para determinar la responsabilidad en los hechos.

Rápido y Furioso comenzó en 2009, cuando agentes de la ATF permitieron que traficantes trasladaran armas ilegalmente de Arizona a México, con el objetivo de localizarlas en escenas de crímenes y así rastrear a los cárteles. Al final, se perdió el rastro de la mayor parte del armamento. Sólo fueron recuperadas 710 de un total de mil 961 armas.

La vinculación de la muerte del agente Terry con la polémica operación desató a principios de 2011 una investigación liderada por el congresista republicano Darrell Issa, quien encabeza un enfrentamiento con el gobierno del presidente Barack Obama, que ha negado cualquier conocimiento del operativo.

En junio pasado, la mayoría republicana de la Cámara de Representantes votó a favor de declarar a Holder en desacato por no entregar unos documentos sobre la operación que la investigación liderada por Issa le solicitó, algo que fue denunciado por los demócratas como maniobra política y electoralmente motivada contra el gobierno de Obama.

Al conocer el informe interno de su departamento, que tiene casi 500 páginas, Holder manifestó su satisfacción porque corrobora, dijo, que la cúpula de este Departamento no intentó encubrir información o mentir al Congreso sobre la operación, como señalaron los republicanos.

El informe también exime de culpa al número dos del Departamento de Justicia, Lanny Breuer. Sin embargo, es muy crítico con otras cadenas de mando directamente relacionadas con Rápido y Furioso, así como con la gravemente deficiente supervisión de la directiva de la ATF de la operación.

Holder se apresuró hoy a anunciar la renuncia definitiva de antiguos funcionarios de la ATF, así como la revisión de posibles medidas contra otros mandos de esa oficina y de su propio Departamento de Justicia.

Así, reveló el retiro del Departamento de Justicia con efecto inmediato de Kenneth Melson.

Melson ejerció como director en funciones de la ATF durante Rápido y Furioso. En agosto del año pasado fue sustituido del cargo y trasladado a la Oficina de Políticas Legales del Departamento de Justicia, oficina de la que ahora ha sido apartado de forma definitiva.

Asimismo, Holder indicó que aceptó la dimisión del vicefiscal general Jason Weinstein, a quien el informe acusa de no haber informado a sus superiores de la operación, mientras anunció que los funcionarios tanto de su oficina como de la ATF a los que el informe considera responsables en algún grado de Rápido y Furioso podrían enfrentar potenciales acciones administrativas.

En una rápida reacción, el congresista republicano Issa insistió en reclamar al gobierno de Obama que tome acciones más duras contra la ATF y el Departamento de Justicia.

Claramente, Holder supo de estos fracasos inaceptables pero durante más de año y medio eludió realizar acciones apropiadas, criticó en un comunicado, en el que prometió que continuará la investigación del caso exigiendo los documentos indebidamente ocultados al Congreso.