La Procuraduría General de la República (PGR) no se ha dado por vencida en su intención de llevar a prisión a dos jueces federales especializados en arraigos, cateos e intervención de comunicaciones y a sus respectivos secretarios de acuerdos, por lo que este martes solicitó a un tribunal unitario de circuito que revise la acusación contra los funcionarios judiciales.

El mes pasado, la dependencia federal acusó a Martín Adolfo Santos Pérez y a Osbaldo López García, jueces de medidas cautelares, de obstaculizar la investigación en contra del también juez de distrito Efraín Cázares, contra quien la PGR pidió órdenes de cateo, pero los jueces Santos y López negaron esas medidas de apremio.

La PGR no ha podido hasta el momento conseguir alguna órden de aprehensión por presunto lavado de dinero contra el juez Cázares, quien el año pasado liberó a varios implicados en el llamado michoacanazo.

Hace dos meses la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada intentó infructuosamente catear los inmuebles del juez Cázares ubicados en Michoacán.