La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no se conforma con la decisión de la juez federal Edith Alarcón, que el pasado lunes rechazó la petición de esa dependencia de remover al conciliador del concurso mercantil y administrador de Mexicana de Aviación, José Gerardo Badín, por lo que pidió este martes a un tribunal colegiado que resuelva en definitiva dicha solicitud.

Fuentes judiciales revelaron lo anterior y destacaron que la SCT considera a Badín un conciliador parcial, que no garantiza la objetividad que se requiere para resolver este litigio.

El pasado lunes, la juez Alarcón determinó que Badín ha hecho un trabajo adecuado y que gracias a su gestión existe una mayoría de acreedores que suscribirían un convenio de restructura con Mexicana, en caso de que existiera un inversionista para capitalizarla.

Badín ha logrado 132 quitas, seis cartas de no adeudo y dos compensaciones con acreedores dueños de deuda por 911 millones de Udis, cerca de 4 mil 100 millones de pesos, que representan 51.3 por ciento del pasivo total reconocido que asciende a mil 775 millones de Udis, unos 8 mil millones de pesos.

También, explicó la juez en un acuerdo, desde diciembre de 2010 se firmaron nuevos contratos colectivos con los sindicatos de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra, que se comprometieron a incrementar la productividad y no demandar aumentos salariales durante los primeros dos años a partir de la reanudación de operaciones.

En cuanto al Certificado de Explotador de Servicios Aéreos, la juez Alarcón reconoció el lunes que Badín realizó el trámite ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la SCT, pero que ésta lo desechó el 8 de agosto porque Mexicana no acreditó la legal posesión de aeronaves, ni tampoco solvencia técnica o financiera.

Además, la juzgadora expuso que la posible quiebra de Mexicana, Click y Link pone en riesgo la supervivencia de Mexicana MRO Services, la única subsidiaria de Nuevo Grupo Aeronáutico que sigue en operación, advirtió Edith Alarcón, juez del concurso mercantil del grupo.

En su acuerdo, que ahora es impugnado por la SCT, la juez Alarcón expuso que de sobrevenir una cancelación de servicios por parte de Mexicana a MRO no tendría el personal necesario para continuar los trabajos actualmente en desarrollo.