Durante el actual sexenio, la estrategia gubernamental contra la tala ilegal ignoró que el único camino real y sostenible contra esta actividad, en un sistema donde existe corrupción en diferentes niveles, debe basarse en la revisión del marco regulatorio para incentivar el desarrollo de la producción maderable por los propietarios de los bosques y en la aplicación de un Sistema de Certificación de la Legal Procedencia obligatorio, señala el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

Con este sistema se tendría el control de la cadena de almacenaje y distribución, es decir, del mercado, con lo cual se daría un menor papel a la actual estrategia de vigilancia de los productores. Sin una demanda de productos forestales ilegales por parte de las madererías y las industrias que consumen productos maderables, difícilmente existía una producción ilegal importante.

La tala y el comercio ilegal de madera en México tiene sus raíces en la sobrerreglación ambiental, fiscal, en el poco impulso al manejo forestal de las comunidades y en la ausencia de medidas que refuercen el cumplimiento de la normatividad en el mercado.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente deben reorientar su política de control y vigilancia hacia la prevención con estrategias que incentiven la demanda de madera legal, señala en el estudio Un nuevo enfoque para combatir la tala y el comercio de madera ilegal en México.

Recuerda que desde 2007 advirtió de estos problemas, y que para lograr un nuevo enfoque de combate a la tala y el comercio de madera ilegal en México, es necesario abrir un proceso de diálogo y consulta con los actores del sector forestal (propietarios, productores, comercializadores, industriales, autoridades y sociedad civil), como ha hecho el programa de la Unión Europea denominado Aplicación de leyes forestales, gobernanza y comercio en países productores.

Señala que hay problemas que no se han resuelto, como los de gobernanza y tenencia de la tierra, la debilidad de las estructuras locales de gobierno y la inseguridad en la tenencia de la tierra forman condiciones inmejorables para la existencia de la tala ilegal, al generar condiciones de acceso abierto y hacer imposible la aplicación de reglas claras y sanciones para el uso inadecuado de los recursos maderables.

También menciona, entre otros, la sobrerregulación, pues los trámites para adquirir un permiso de aprovechamiento forestal son complejos y costosos para los propietarios; además de la corrupción, fallas en la aplicación de justicia y presencia de bandas criminales.