A dos años de que se solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) la reparación del daño infligido a las otomíes Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González –quienes fueron recluidas de manera injusta durante más de tres años–, la dependencia no ha dado respuesta alguna, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Como se informó en estas páginas, las tres indígenas fueron acusadas de secuestrar a seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones, durante un operativo contra la venta de mercancía pirata realizado el 26 de marzo de 2006 en el mercado de la comunidad de Santiago Mexquititlán, Querétaro.

Aunque las otomíes fueron condenadas a 21 años de prisión, se obligó a liberarlas entre 2009 y 2010, tras admitir la PGR que no pudo comprobar ninguna acusación contra ellas. Sin embargo, tampoco declaró públicamente su inocencia.

Por ese motivo, en el contexto del quinto aniversario de la promulgación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas –que se cumplió ayer 13 de septiembre–, el Prodh recordó que la PGR no ha dado ninguna respuesta frente a la solicitud de reparación del daño causado a las tres mujeres.

Esta dilación, afirmó el colectivo de derechos humanos por medio de un comunicado, demuestra que el Estado mexicano no proporciona vías eficaces de respuesta ante la reclamación por responsabilidad patrimonial en el caso de las tres indígenas, pues la reclamación fue interpuesta en tiempo y forma ante la procuraduría y hasta el momento no hay una resolución favorable para ellas.

Casi un año después de conseguir la liberación de Jacinta, Alberta y Teresa, la organización presentó ante esa dependencia una reclamación por daño patrimonial, basándose en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, sin que hasta la fecha haya ninguna respuesta sobre el tema.

Andrés Díaz, coordinador del área de defensa del Prodh, señaló en entrevista con La Jornada que los daños económicos y morales sufridos por las tres mujeres no han sido reconocidas por la PGR, ni tampoco su condición de inocencia, al afirmar que una de sus facultades es presentar acusaciones contra un sospechoso, aunque después no se compruebe su responsabilidad.

“En México no existen mecanismos eficientes para la reparación del daño cuando una persona es acusada injustamente, ni siquiera cuando existen errores judiciales.

Uno puede permanecer muchísimo tiempo en prisión y después salir como inocente, pero no hay responsabilidad del Estado en eso, lamentó el abogado, quien sin embargo anunció que persistirán en la demanda.