La propuesta de reforma del PRI para darle autonomía y mayores facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), en poco o nada aborda los dos problemas serios y reales para tener acceso a la rendición de cuentas: la actitud de resistencia y el abierto desacato del gobierno federal para cumplir con las resoluciones de ese órgano.

Ambos aspectos han llevado al extremo de acudir ante tribunales administrativos y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para lograr la entrega de documentos oficiales, aunque en algunos casos sin éxito, y al crítico incremento de declaraciones de inexistencias de documentos oficiales, advirtió el director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Información, Miguel Pulido.

En entrevista con La Jornada, destaca varios riesgos de la pretendida reforma que busca el PRI: que se mantenga la designación, por parte del Ejecutivo federal y del Senado, de los comisionados, lo cual podría restarles independencia; la integración de un sistema piramidal con mensajes de subordinación directa a un órgano de carácter central (papel que jugaría el Ifai al resolver las negativas de acceso a la información de los poderes de la Unión, excepto la SCJN, en el caso del Poder Judicial, además de abarcar a los estados de la República y el Distrito Federal); el impacto presupuestario ante el aumento de funciones del Ifai y el riesgo de no cubrirlo íntegramente, así como la profesionalización de quien lo integre.

La protección de datos

Por otro lado, queda el asunto de la protección de los datos personales en poder de los particulares, tema sobre el cual se ha experimentado e improvisado de manera equívoca.

Pulido, especialista en el tema, observa que a la propuesta del PRI aún le falta claridad en el diagnóstico, además que no hay referencias objetivas de lo que se pretende resolver.

Por otra parte, Pulido calificó de positivo homologar la legislación en la materia, ante la dispersión interpretativa que existe en el país, y que el Ifai sea el encargado de velar por la transparencia en el Congreso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de otros entes autónomos, por su falta de seriedad que debería de ser motivo de escándalo.

Advirtió que muchos de los problemas que enfrentamos en materia de rendición de cuentas y transparencia por parte de los servidores públicos, legisladores, jueces y demás, obedece a más a un asunto de voluntad política que de técnica legislativa.