La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elaboró para la próxima administración federal un diagnóstico y recomendaciones donde resalta la existencia de finanzas públicas sanas, inflación controlada, un crecimiento económico que duplica al de los países de ese organismo, un sistema bancario bien capitalizado y acuerdos comerciales con 44 naciones.

Sin embargo, en la otra cara de la realidad nacional contenida en el estudio entregado ayer a Enrique Peña Nieto por José Ángel Gurría, titular de la OCDE, figuran los grandes retos nacionales: competitividad económica e inclusión social.

De ese modo, México, mejores políticas para un desarrollo incluyente, el trabajo entregado ayer al presidente electo, sugiere lo mismo sustituir los subsidios por transferencias en efectivo para los más pobres que poner límites prudentes al endeudamiento estatal y municipal.

También, promover una reforma del mercado laboral, emprender una profunda reforma fiscal, aumentar el gasto social y la productividad de los servicios de salud, mejorar la calidad de la educación e incluso reformar el financiamiento de la educación superior.

Sobre este último aspecto, la OCDE llama a buscar un equilibrio entre el costo público y el beneficio social (colegiaturas contra subsidios), fomentando la transparencia de la asignación de recursos a las instituciones e impulsando mecanismos que apoyen a los estudiantes más pobres y promuevan la igualdad.

En los 20 sectores sujetos al análisis se resume la condición de país de paradojas que es México y se formulan recomendaciones para hacerlo más equilibrado, incluyente y exitoso.

Y aunque, se precisa, se trata por ahora del preámbulo de un ejercicio más amplio –programado para enero del próximo año en la ciudad de México–, desde ahora la OCDE asegura: el país tiene muchas fortalezas para impulsar su potencial de crecimiento, pero debe superar importantes cuellos de botella, entre éstos su baja productividad laboral, no obstante ser uno de los países que más tiempo dedican al trabajo.

Lo mismo ocurre con el renglón educativo: destina, entre todos los países miembros, la mayor proporción de su producto interno bruto a la enseñanza y al mismo tiempo tiene el peor desempeño escolar.

“Tenemos –dijo Gurría– los programas de combate a la pobreza más eficaces y respetados, pero hay más de 50 millones de pobres y los mayores niveles de desigualdad”.

El último capítulo del estudio se refiere al impacto económico de la seguridad, donde apunta que podría ser grande, aunque todavía su medición es complicada debido a la ausencia de datos confiables.

La OCDE plantea movilizar la capacidad analítica y estadística de México para mejorar la calidad de las evidencias y de los indicadores de seguridad, e integrar mediciones objetivas y de percepción de la eficacia del sistema judicial: elaborar una evaluación del desempeño de los sistemas de justicia penal y evaluar las condiciones e incentivos para los estados y localidades.