oco más de un año atrás, durante su visita a nuestro país el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, mostró su preocupación, porque en México no se cumple el mandato constitucional de que el salario mínimo esté en conformidad con el costo de la canasta básica. Dicho enviado realizó su periplo a mediados de 2011, cuando el mini ingreso era de 58.22 pesos diarios en promedio nacional, monto que, advirtió, supone menos de la mitad de lo que se necesita para superar el umbral de la pobreza y es bastante inferior a lo que representaría un sueldo vital. Ahora es de 60 pesos, y la situación ha empeorado.

Todo lo que De Schutter vio y documentó durante su estancia en el país quedó registrado en un informe (Misión a México) que en marzo de 2012 conoció el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que subrayó que la instancia gubernamental dedicada, junto con las representaciones patronal y obrera, a fijar el salario mínimo abiertamente incumple sus deberes constitucionales y las normas internacionales de derechos humanos.

El relator especial lo escribió así: está preocupado por el hecho de que no se cumpla el mandato constitucional de que el salario mínimo esté en conformidad con el costo de la canasta básica: en la actualidad, el salario mínimo medio interregional es de 58 pesos al día, lo cual supone menos de la mitad de lo que se necesita para superar el umbral de la pobreza, y es bastante inferior a lo que representaría un sueldo vital. El sueldo vital debería ofrecer una renta que permita a los trabajadores vivir y asegurar la vida de sus familias, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ratificado por el gobierno mexicano).

Además, dijo estar plenamente consciente de que el aumento del salario mínimo podría alentar a los empleadores a no inscribir los trabajadores que contraten. Sin embargo, en su informe concluye que la comisión tripartita nacional sobre salarios mínimos (CNSM), encargada de fijar el salario mínimo de empleos con diversos grados de cualificación incumple sus deberes constitucionales y las normas internacionales de derechos humanos, lo cual no se justifica por el hecho de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no haya logrado que se cumplan adecuadamente las prescripciones de la legislación laboral.

Por lo anterior, exigió que el gobierno mexicano establezca un salario mínimo que garantice a todos los trabajadores un sueldo vital que les permita mantenerse a sí mismos y a sus familiares, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y profundice en las importantes iniciativas en curso para mejorar la situación de los jornaleros agrícolas, en particular la de los migrantes.

Obvio es que el gobierno mexicano se pasó el citado informe por el arco del triunfo, al igual que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (denunciada por el relator especial), y para que no existiera duda para 2012 autorizó un incremento al mini ingreso de apenas 2 pesos con 44 centavos, de tal suerte que lo descrito en el informe de referencia, lejos de corregirse, se agudizó. Lo único criticable al señor De Schutter es que su denuncia llegó un poco tarde, porque el salario mínimo se viene desmoronando desde hace tres décadas; la pérdida del poder adquisitivo del mini ingreso ha sido brutal y permanente. De hecho, hasta la propia Comisión Nacional reconoce que actualmente el poder adquisitivo real del salario mínimo (junio de 2012) es de apenas 10.17 pesos por día de 1994.

Lo anterior se complementa con el índice de tendencia laboral de la pobreza, elaborado por el Coneval, institución que advierte lo siguiente: la proporción de mexicanos con ingresos laborales inferiores al valor de la canasta alimentaria se ha incrementado sostenida y permanentemente a lo largo de los últimos siete años, es decir, desde el año en el que comenzó a medirse y documentarse tal situación (2005). Así, el incremento salarial no ha podido compensar el alza en los precios de los alimentos, y la consecuencia es registrada por el propio De Schutter: en México, “los niveles de privación del derecho a la alimentación siguen siendo dramáticos para gran parte de la población… La situación ha permanecido en gran medida sin cambios desde 1992… Según los últimos cálculos oficiales, en 2010 (…) 28 millones (de mexicanos; 25 por ciento de la población total) tenían acceso insuficiente a los alimentos”.

Como ha documentado el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, el 16 de diciembre de 1987, con un salario mínimo diario, se lograba adquirir 163.8 por ciento de la canasta alimenticia recomendable (el precio ponderado de esta canasta se determina por el número de calorías consumidas por alimento recomendado por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán); para el primero de diciembre de 2006 (cuando Felipe Calderón se instaló en Los Pinos), con el mismo ingreso se compraba sólo 60.21 por ciento de tal canasta, y para el 19 de agosto del 2012 apenas 33.95 por ciento. La tendencia del poder adquisitivo acumulado del 16 de diciembre de 1987 al 19 de agosto del 2012 fue negativa en 79.11 por ciento. El 16 de diciembre de 1987 se requerían 4 horas y 53 minutos de jornada laboral para adquirir, íntegra, la citada CAR: para el primero de diciembre de 2006 ya se necesitaban 13 horas y 19 minutos, y para el 19 de agosto de 2012, 23 horas y 34 minutos.

Allá por mediados de diciembre próximo, los mexicanos conocerán de qué tamaño es la buena voluntad del nuevo gobierno y la patronal (no se incluye a los líderes obreros oficiales, porque esos sólo doblan las corvas) en materia salarial. No hay que ser adivino para adelantar lo que sucederá: aumento similar, o por debajo, de la inflación, con el agravante de la reforma laboral (contrarreforma, en realidad) a la Ley Federal del Trabajo, la cual, de cualquier suerte, gobierno y patrones se la pasan por el arco del triunfo.

Las rebanadas del pastel

Para el anecdotario: en su campaña electoral 2006, Felipe Calderón decía que “los precios no se pueden bajar al chilazo, por decreto, porque al ciudadano se lo cobran en tortillas…” Seis años después, tras su devastador paso por Los Pinos, los precios están por las nubes –incluyendo los de los chiles y las tortillas–, y los salarios en el suelo, todo a cargo de los ciudadanos. Lástima que Ponchito esté en deuda, porque no se animó a publicar el segundo tomo de su libro ¿Y yo por qué? (dedicado a Fox) con las frases geniales del inquilino de Los Pinos que a los mexicanos prometió vivir mejor.

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