La secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Rosalinda Vélez, manifestó que la reforma laboral preferente del Ejecutivo federal, es equilibrada e integral porque, entre otros fines, busca abrir alternativas en torno a las formas de contratación, para darles oportunidad a los jóvenes y mujeres de ingresar al mercado laboral, así como regular la subcontratación (outsourcing) que existe en el país.

En Querétaro, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, dijo que la reforma laboral no tiene tiempos políticos y recordó que los diputados federales cuentan con un plazo de 30 días para aprobarla, rechazarla o realizarle modificaciones.

Las reformas que necesita México no tienen tiempos políticos, tienen el tiempo que se requiere y la urgencia y la prioridad necesaria para poder contar lo más rápido posible con un mecanismo legal que nos permita tener más y mejores empleos, enfatizó Poiré.

En sentido similar se pronunció la titular de la STPS, al señalar que la iniciativa propuesta por Felipe Calderón, no busca un privilegio, sino simplemente atender las necesidades reales de trabajadores y de patrones.

Con la reforma, enfatizó, fundamentalmente se busca promover más empleos, que se encuentren mejor pagados; incrementar la productividad y facilitar que vengan más inversiones a nuestro país, para poder incidir efectivamente en mayores ingresos y mayores empleos.

Vélez sostuvo que no aprobar la reforma significaría negar a jóvenes, mujeres y personas que buscan empleo acceder al mercado laboral. Hay que darles la posibilidad de ingresar a él, abriendo alternativas respecto de las formas de contratación, en donde ellos puedan demostrar su capacidad, su experiencia a través de nuevas formas de contratación que son las que se prevén en esta iniciativa.

En entrevista radiofónica, la responsable de la política laboral afirmó que la iniciativa de reforma de Felipe Calderón, responde también a una sentida demanda de los trabajadores, respecto a obtener información sobre el destino de sus cuotas sindicales.

Según Vélez, transparentar la administración del patrimonio sindical no violenta de ninguna manera la autonomía de los agremiados; por el contrario, fortalece la libertad de los trabajadores para una mejor toma de decisiones y para gozar de una mayor libertad sindical.