San Cristóbal de Las Casas, Chis., 7 de septiembre. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifestó su oposición a que la Corte de New Haven Connecticut, de Estados Unidos, otorgue impunidad al ex presidente Ernesto Zedillo por el asesinato de 45 indígenas, ocurrido el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal.

Concederle inmunidad, implica violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y tendrá como resultado, proteger y encubrir a responsables de crímenes de lesa humanidad, afirmó el organismo que es representante legal y copeticionaria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, a la que pertenecían las víctimas.

Afirmamos que Ernesto Zedillo, como comandante supremo de las fuerzas armadas en el país, es plenamente responsable por acción y omisión de los hechos al implementar una política de contrainsurgencia en el estado de Chiapas, agregó en un comunicado divulgado antes de que la CIDH tomara una decisión en la sesión programada para este viernes.

El Frayba, que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, reiteró que este centro de derechos humanos, como representante legal no ha presentado demanda civil alguna contra Zedillo en New Haven Connecticut, Estados Unidos.

Desde el 22 de septiembre de 2011, Las Abejas informó que dicha demanda no la presentaron ellos, pues no corresponde a su forma de actuar, ya que los 10 demandantes anónimos en Connecticut, buscan una reparación de 50 mil dólares, contrario a la postura de Las Abejas, que durante todos estos años ha mantenido la exigencia de justicia, verdad, no repetición, castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre y reparación integral, señaló.

Abundó: Para nosotros es claro que quienes interpusieron la demanda civil en Estados Unidos no tienen la misma motivación de las y los sobrevivientes de la masacre de Acteal, sino que responden a intereses fácticos ligados a los grupos en el poder político del Estado mexicano.

La intervención del presidente Calderón

Manifestó que “los grupos en el poder en 1994 pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional fueron quienes ejecutaron el plan contrainsurgente contenido en el manual de guerra Plan de campaña Chiapas 94, elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional; después, en el simulacro de alternancia de poder los grupos vinculados al Partido Acción Nacional se encargaron de proteger a los autores intelectuales” del tricolor.

Al gobierno panista de Felipe Calderón le tocó, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenar la excarcelación de los autores materiales procesados por estos hechos, beneficiándolos con la libertad, aseveró.