uego de una larga historia de impunidad, el fallo que recientemente dictó una corte argentina es histórico. La justicia halló culpables a dos hombres por fumigar indebidamente con varios compuestos agroquímicos un campo de cultivo cercano a un pueblo. Las organizaciones ecologistas de ese país la clasifican como la primera condena en su tipo en América Latina y un importante precedente para el futuro de Argentina, donde el uso de sustancias que hacen daño a la salud y al medio ambiente se ha acrecentado enormemente con el auge agroexportador del cultivo de soya.

Estiman los ecologistas y los especialistas que la condena debe ser el inicio de una política de Estado que limite el uso de ciertos compuestos, como el glifosato, tóxico de moda en el agro de América Latina, y destacadamente en Argentina y Brasil. Tienen razón, porque la condena a tres años de prisión fue exclusivamente para un productor agrícola y el piloto de una avioneta fumigadora que no respetaron la franja de resguardo al esparcir la sustancia tóxica en un sembradío contiguo a Ituzaingo, pueblo de la provincia de Córdoba, donde viven 5 mil habitantes. Y no lo fue por utilizar una sustancia que hace daño al ser humano y a la naturaleza. En casos semejantes, los culpables cometían una falta administrativa, pero ahora se consideró un delito que merece cárcel.

Los lugareños sostienen que la mejor prueba de que los plaguicidas son un peligro es el número creciente de personas enfermas o que han fallecido de cáncer en Ituzaingo desde que hace 12 años comenzó el uso creciente y descuidado de tales compuestos. Lo venían denunciando desde 2002 sin que les hicieran caso. Otro de los resultados de este juicio es que abrió a discusión pública los efectos nocivos de los agroquímicos en diversas partes de Argentina, donde estudios de investigadores en salud pública muestran que sí existen y son graves. Lo saben también las trasnacionales que los fabrican y tienen como política ocultar los resultados que obtienen en sus propios laboratorios. Nada extraño, porque para ellas primero están las ganancias, luego la salud pública y el cuidado del medio ambiente, como se comprueba en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México. En todos ellos, y en otras partes del mundo, está probada la conexión entre agroquímicos y problemas de salud, y la actuación tibia (en ocasiones cómplice) de las instancias oficiales responsables de evitar que la gente enferme o que destruyan su medio ambiente.

Debemos celebrar el fallo de la justicia argentina, pero no cantar victoria. Se trata de una sentencia aislada que no detiene de inmediato la forma en que se utilizan los agroquímicos y el abuso que se hace de ellos, pues la ley de ese país permite su uso. La lucha ahora se dirige a modificar la legislación, permisiva en extremo. Y lograr medidas más estrictas al aplicar dichas sustancias y sanciones más severas para los infractores. En Argentina, 12 millones de personas están directamente expuestas a los plaguicidas, de los cuales el año pasado se esparcieron en los campos de cultivo 300 millones de litros.

Cabe recordar otra resolución también histórica: la multa impuesta hace dos años por un tribunal de Francia a la estadunidense Monsanto por mentir en su publicidad, al hacer creer que el glifosato (o Roundup), era biodegradable y no contaminaba las áreas donde se aplica. Agreguemos que desde hace más de 30 años, en Colombia es objeto de controversias al usarlo para combatir cultivos ilícitos. Científicos, organizaciones sociales, poblaciones, destacados políticos no lo quieren porque afecta la salud, en especial de los indígenas, y por sus efectos nocivos en la naturaleza. Sigue aplicándose porque eliminar esos cultivos no depende del gobierno colombiano, sino del estadunidense. Como ahora en México.

Estudios recientes muestran que las formulaciones y productos metabólicos del glifosato pueden causar la muerte de embriones, placentas y células umbilicales humanas in vitro aun en bajas concentraciones. En Argentina el científico Andrés Carrasco mostró que puede producir malformaciones neuronales, intestinales y cardiacas en los embriones humanos. La tarea de eliminarlo debe redoblarse. En México y el resto del mundo.