Madrid, 1º de septiembre. Médicos, enfermeras, ciudadanos españoles indignados con la medida y migrantes, regulares e irregulares, protagonizaron diversos actos de protesta y manifestaciones contra la nueva ley sanitaria del gobierno del conservador Partido Popular (PP), que a partir de este sábado deja sin atención médica a más de 500 mil extranjeros sin papeles.

“Más que un recorte, es un apartheid sanitario que supondrá la ejecución de muchas personas en el país”, explicaron los representantes de más de 30 organizaciones y colectivos que alzaron la voz ante una medida que, según ellos, equipara al PP con el tristemente famoso Ku Klux Klan.

El gobierno del derechista Mariano Rajoy emprendió después de su nombramiento, en diciembre pasado, una serie de medidas enfocadas a recortar el Estado del bienestar, con especial incidencia en la sanidad pública y la educación.

Después de aprobar durísimas medidas contra los desempleados, los trabajadores –con una reforma laboral que abarata el despido y privilegia a los empresarios– y contra los servidores públicos, ahora entró en vigor la polémica ley sanitaria que además de fomentar el copago de las medicinas –antes cubiertas por el sistema nacional de salud– también prohíbe, por ley, la atención de ciudadanos extranjeros sin sus documentos en regla.

Una de las manifestaciones simbólicas de protesta se llevó a cabo en el madrileño hospital Gregorio Marañon, donde unas 500 personas formaron una cadena humana y reclamaron una sanidad universal y sin distingos por la nacionalidad, en acatamiento a los derechos humanos y a las convenciones internacionales.

La movilización fue convocada por la Red por el Derecho a Tener Derecho, en la se aglutinan más de 30 organizaciones y colectivos de la sociedad civil, incluidos algunas plataformas de sanitarios.

Las consignas más escuchadas fueron No son recortes, es xenofobia, Ningún ser humano es ilegal o Partido Popular, Ku Klux Klan, en alusión al movimiento racista que sembró el terror en el Misisipi del siglo XX y que funda su ideario en el exterminio de los negros y los extranjeros.

En la protesta formaron una cadena humana en la que simbolizaron la pluralidad de la sociedad y exigieron la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, a la que responsabilizaron de las ejecuciones que se derivarán de una ley que dejará sin medicinas y sin atención sanitaria a miles de enfermos crónicos, muchos de ellos al borde de la marginalidad.

Vamos a morir si no nos atienden, el gobierno tiene que rectificar, no puede abandonarnos a nuestra suerte porque no tenemos dinero para pagar los tratamientos, como un amigo que no puede estar aquí porque tiene cáncer de hígado y a partir de este sábado no tendrá acceso a las medicinas que necesita para sobrevivir, explicó uno de los asistentes, un colombiano de 30 años de nombre Yoro.

La organización Médicos del Mundo explicó a través de su vocero, Mario Pérez, que la nueva normativa española vulnera el derecho a la salud, además de que generará que las personas con enfermedades graves quedarán abocadas a una posible muerte mientras que las que tienen infecciones llegarán tarde a las urgencias, con el consiguiente daño para la salud de la población general.

Una idea que fue compartida por líderes políticos de la oposición al gobierno derechista de Rajoy, quienes tildaron la filosofía de la legislación como xenófoba, cruel, inhumana e ineficaz.

La nueva ley es de tal gravedad, que la Organización Médica Colegial aprobó hoy mismo una declaración conjunta de los sanitarios en la que solicitan a todos los médicos y enfermeras que atiendan en todo momento a todos, al tiempo que exigieron a las administraciones sanitarias de todas las autonomías que respeten el deber deontológico al que nos debemos.

No es cuestión médica como se regulen los trámites administrativos; esto es algo que debe determinar el gobierno central en colaboración con las comunidades autónomas, pero el médico, en todo momento, debe atender a todos, independientemente de su situación legal, advirtieron.

Además de Madrid, otras ciudades se sumaron a las protestas contra el “apartheid sanitario” español, entre ellas Barcelona, Valencia, Burgos, Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria y Sevilla.