El presidente de la Comisión Permanente, José González Morfín, dio entrada ayer a la iniciativa presidencial sobre ley general de atención y protección a víctimas y la remitió a la mesa directiva del Senado, que será la cámara de origen.

La decisión del presidente Felipe Calderón fue criticada por legisladores de PRI y PRD, quienes consideraron que el Ejecutivo debió retirar primero la controversia constitucional que presentó ante la Suprema Corte contra la decisión del Senado de publicar la ley general de víctimas, aprobada por el Congreso el pasado 30 de abril.

El senador perredista Pablo Gómez dijo que con ese hecho Calderón sigue en rebeldía contra el Congreso, como ha hecho todo su sexenio, al negarse a publicar leyes que no son de su agrado. En el caso de la ley general de víctimas, recalcó, el Presidente la vetó a destiempo y luego demandó al Senado y a la Comisión Permanente por publicarla.

A su juicio, el Senado puede desestimar la iniciativa e insistir en que hay una ley de víctimas que se dirime en la Corte.

Al respecto, el también hasta ayer senador Francisco Arroyo Vieyra coincidió en que Calderón debió retirar primero el recurso que interpuso ante la Corte. Lo puede hacer ahora para que podamos entrar al análisis de su iniciativa.

Hizo notar que lo más importante es que se apruebe esa legislación, y de seguir en litigio en la Corte puede llevarse meses. Lo más probable, dijo, es que el Congreso gane la controversia, que se centra en lo extemporáneo del veto presidencial, pero pueden venir acciones de inconstitucionalidad en torno al contenido.

El ex senador perredista Tomás Torres –quien participó en la elaboración de la ley vetada– comentó que debió esperar la resolución de la Corte. Al presentar su iniciativa buscó sólo una salida a una responsabilidad política por haber frenado una ley que se comprometió a impulsar con el Movimiento Progresista.