La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) calificó la sentencia sobre la elección presidencial de injusta, violatoria del estado de derecho, que agravia a la mayoría de la sociedad.

En un comunicado, sostuvo que el dilema para la izquierda está resuelto. Defenderemos en todos los frentes de lucha, con lealtad y eficacia, el mandato de los casi 16 millones de votantes que confiaron en Andrés Manuel López Obrador, en el cambio verdadero.

La comisión política y el secretariado nacional perredista convocaron a una reunión el próximo miércoles en la ciudad de México –a la que asistirán gobernadores y dirigentes, así como los grupos parlamentarios perredistas–, para diseñar una propuesta de plan de acción, que en unidad con las izquierdas restablezca la legalidad en el país.

Anuncian que acompañarán la convocatoria de López Obrador del 9 de septiembre.

El PRD sostiene que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estuvieron lejos de actuar con imaginación jurídica para aplicar la Constitución y las leyes, y no tuvieron el mínimo discernimiento jurídico para contribuir con su resolución a prestigiar las instituciones democráticas.

“El tribunal demostró que no tiene el nivel ni la consistencia de un tribunal constitucional. No estuvo a la altura de su responsabilidad histórica. Nadie con honestidad podrá afirmar que su decisión vino a fortalecer el estado de derecho o a reducir la impunidad que carcome los cimientos de la nación.

Los defensores de la sentencia dicen que no había pruebas suficientes para demostrar las operaciones fraudulentas, el rebase de topes de gastos de campaña o la falta de equidad. Eso dicen, pero más que juzgar la elección juzgaron el recurso; para ellos no hubo un solo acto irregular en la elección. La mitad de los ciudadanos cree lo contrario.

El texto señala que con la sentencia y la propaganda oficial que la respalda se pretenderá colocar a quienes apoyan al Movimiento Progresista ante el dilema de: acatas la decisión del tribunal o te rebelas contra el orden legal.

“Es un dilema falso y tramposo. Nosotros siempre hemos actuado de acuerdo con la ley y lo seguiremos haciendo. Lo que reprobamos es que de manera reiterada otros violen la ley, incluido ahora el tribunal, sin que ello tenga consecuencia. Lo que denunciamos es el arreglo político que permite la impunidad y corrompe a la democracia al plegarse las instituciones a las decisiones de los poderes fácticos.

El tribunal no ayudó. Su resolución profundiza la crisis de gobernabilidad democrática que vive el país y debilita el papel de las instituciones del Estado mexicano frente al desbordamiento de los poderes fácticos.