Guadalajara, Jal., 31 de agosto. La quinta sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) otorgó una suspensión provisional a la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), que permitiría a los usuarios del servicio de transporte de pasajeros en todo el territorio estatal no pagar el incremento de un peso autorizada hace varias semanas, informó la organización estudiantil.

Un par de horas después que la FEU hizo el anuncio, el gobierno estatal, mediante el Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte (OCOIT), advirtió de la imposibilidad para poder dar marcha atrás al incremento de la tarifa que los camiones concesionados y paraestatales comenzaron a cobrar.

Marco Antonio Núñez Becerra, presidente de la FEU, afirmó en conferencia de prensa que el mal procedimiento que hicieron para que se autorizara el aumento del pasaje abrió las puertas a la resolución judicial que favorece a todos los usuarios.

Ganamos, no nos vamos a dejar y de inmediato debe estar otra vez el transporte público al precio anterior a la reunión de la comisión de tarifas, dijo Núñez Becerra.

El OCOIT fue notificado hoy por el tribunal administrativo de la suspensión provisional otorgada dentro del expediente V-360/2012 que resolvió la quinta sala unitaria, luego que la FEU argumentó en su demanda que los integrantes de la comisión tarifaria – la cual autoriza los aumentos– no fueron convocados con el tiempo y los requisitos de información necesarios para tomar una decisión justa.

En un comunicado, el organismo estatal señaló: Sin conocer detalladamente el acto reclamado y al no ser el OCOIT la autoridad ejecutora y responsable de la regulación del transporte colectivo en el estado, este organismo estará dando respuesta en el transcurso del día sobre nuestra imposibilidad para dar marcha atrás al incremento de la tarifa, el cual entró en vigor este día. No obstante, se convocará a la brevedad a los integrantes de la comisión de tarifas para hacer de su conocimiento esta notificación.

Amparo de 8 mil ciudadanos

En relación a la solicitud de amparo colectivo que más de 8 mil ciudadanos presentaron la semana pasada por intermedio del ex candidato a gobernador Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano, el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa y de trabajo –a cargo del juez Juan Manuel Villanueva Gómez– determinó que los usuarios están obligados a pagar la tarifa autorizada (de siete pesos), informó Clemente Castañeda, próximo coordinador de la bancada legislativa de ese partido.

Anunció que impugnará el acuerdo mediante un recurso de revisión y se buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso, porque no es posible que consideren que los ciudadanos no tenemos el derecho de impugnar una decisión que afecta nuestros bolsillos.