El atraso en la aplicación del presupuesto participativo de este año, que asciende a 700 millones de pesos, es responsabilidad exclusiva de los 16 jefes delegacionales, no de la Secretaría de Finanzas, que libera los recursos cuando han cumplido con todos los procedimientos, sostuvo la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, Lizbeth Rosas Montero.

En conferencia de prensa, la hasta ayer asambleísta consideró lamentable que en 14 de 16 delegaciones no se haya usado un solo peso de estos recursos, lo que a su juicio ha sido por falta de voluntad política de las autoridades delegacionales, que conocen los trámites y mes con mes se reúnen con el gobierno central para ver este tema.

Acusó, incluso, a la Contraloría General del Distrito Federal de encubrir el incumplimiento en este rubro, pues después de múltiples oficios enviados para que realice las indagatorias correspondientes, y a dos años de comenzar a aplicarse este recurso, siga sin tener responsables administrativos de esta situación.